De un tiempo a esta parte, hemos visto como en el centro del debate económico se situaba (de nuevo) la idoneidad o no de los diferentes (mal llamados) estímulos fiscales. En resumen, lo que parecía el remedio a la crisis parece que hoy se haya convertido en parte de la enfermedad. Se trata de un debate académico con importantísimas implicaciones políticas.
Por un lado, la Administración Obama -con un estímulo fiscal que supera los 800.000 millones de dólares- defiende las políticas de corte keynesiano y de abultado déficit para evitar, sostiene, una recesión aún mayor. Sin embargo, esta postura se ha defendido en días recientes con la boca pequeña. Por ejemplo, Ben Bernanke, presidente de la Fed, afirmaba antes del verano que la economía de EEUU necesitaba todavía de un estímulo fiscal, pero que éste tenía que venir acompañado de un plan creíble para reducir futuros déficits en el medio plazo.
Por otro lado, se sostiene que atajar de forma drástica el déficit público es ahora la gran prioridad para prevenir así males mayores en el futuro como subidas adicionales en los tipos de interés o incrementos en la presión fiscal. Esta postura ha estado abanderaba principalmente por la canciller Angela Merkel o el propio gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet. Este último ha sostenido públicamente que es un error pensar que la austeridad en las cuentas públicas suponen una amenaza para el crecimiento y la creación de empleo.
Existe una postura híbrida, como la que sostenía Olivier Blachard también antes del paréntesis estival en estas mismas páginas, según la cual el dilema que planteamos se resuelve atendiendo a las particularidades de cada país. En suma, el FMI esta defendiendo la paulatina corrección de los estímulos fiscales. La velocidad con la que estos estímulos se han de retirar dependerá de la credibilidad de cada una de las economías y el crédito que tengan en los mercados internacionales. En cualquier caso, la corrección del déficit y las reformas estructurales son dos condiciones sine qua non para la recuperación sólida y sostenida de las diferentes economías, tal y como han señalado los principales organismos internacionales.
En Europa, la mayoría de los países con desequilibrios en sus cuentas públicas han emprendido la segunda vía aunque haya sido por motivos diferentes. En el caso de Grecia y España, por citar los dos ejemplos más mediáticos, el recorte en el gasto público ha venido impuesto desde fuera. En el caso de Alemania o Reino Unido, el plan de austeridad como prioridad a cualquier otra política económica responde a una decisión interna de los propios gobiernos de Merkel y el tándem Cameron/Clegg respectivamente.
Así pues, volvemos al debate económico de los años 30 del pasado siglo. Por aquel entonces, el economista británico John Maynard Keynes dominó el debate intelectual con sus propuestas de gasto público, intervención en los mercados y aumento del sector público como principales políticas económicas para salir de la crisis. Sin embargo, como se han encargado de demostrar numerosos economistas y la evidencia empírica, dichos intentos por estimular la economía propiciaron crudeza de la Gran Depresión: no fueron el remedio, sino una parte importante de la enfermedad. Sin embargo, la errónea comprensión de la naturaleza de las crisis y las burbujas está propiciando los mismos errores que entonces, alargando de forma innecesaria el obligado proceso de ajuste.
La crisis no se explica sin una correcta comprensión de cómo funcionan los mercados monetarios y cómo la expansión crediticia sin respaldo de ahorro real es el caldo de cultivo perfecto para la distorsión de la economía real. Ésta se ve sacudida por burbujas en ciertos sectores que, cuando la expansión toca a su fin, hay que corregir en un doloroso proceso al que llamamos crisis económica. Semejante explicación no deja de ser un brevísimo resumen, pero nos sirve para ver que el papel del gasto público en la salida de esta situación es irrelevante. Es más, no sólo es irrelevante, sino que dificulta y obstaculiza que los recursos localizados en sectores afectados por la expansión crediticia, y que ahora tienen que corregir su tamaño a la baja, se reubiquen en sectores de la economía verdaderamente sostenibles en el sentido que son demandados por el mercado en un entorno de libertad. Esta argumentación teórica cuenta con un apabullante respaldo de evidencia empírica como lo demuestran los últimos estudios publicados por Robert Barro o Alberto Alesina (ambos profesores en la Universidad de Harvard).
¿Por qué el gasto público dificulta el crecimiento? El estímulo público resulta ineficiente porque carece de la información necesaria para saber dónde éste resulta más productivo. De esta forma distorsiona, aún más, el tejido productivo de una economía (especialmente de una post-burbuja). Por añadidura, tiende ha aumentar el tamaño del Estado, y provoca un efecto expulsión en los mercados financieros, que se traduce en una mayor dificultad para acceder al crédito, por un lado, y disminuye, por otro, el consumo potencial en la economía debido al anticipo de alzas en la presión fiscal que descuentan los agentes económicos.
En la actualidad, la historia se esta cumpliendo al pie de la letra. Cristina Romer, asesora principal de Obama en asuntos económicos, pronosticaba en enero de 2009 que sin el soporte del Gobierno la tasa de paro llegaría al 9 por ciento, pero que con el estímulo ésta se podría contener en el 8 por ciento. Hoy, la tasa de paro en EEUU se sitúa en el 9,5 por ciento, y con el sobrecoste del déficit y el endeudamiento.
De hecho, no deja de ser curioso el hecho de que la misma Cristina Romer en un estudio para la Universidad de Berkley (antes de incorporarse a la Administración) sostenía que los recortes impositivos tenían mayores y mejores efectos sobre la economía mientras que las subidas de impuestos, siempre y en cualquier ocasión, entorpecen el crecimiento económico y la creación de empleo. Finalmente, Carmen Reinhart, competente economista de la Universidad de Maryland, sostiene que nuevos estímulos fiscales podrían ser aún más contraproducentes en el actual contexto de elevado endeudamiento, al incrementar entre los agentes económicos el descuento de subidas impositivas futuras, como ya esta ocurriendo.
En suma, lo que pudiera parecer un remedio resulta que se convierte en una parte de la propia enfermedad. El gasto público, al igual que hemos experimentado con toda su crudeza en el caso de España, sólo sirve de bálsamo pasajero que distorsiona aún más las economías afectadas por una burbuja en su tejido productivo y que sólo sirve para debilitar las finanzas públicas de la nación con las implicaciones que esto conlleva (credibilidad y confianza del Gobierno, aumento del riesgo país y de la presión fiscal, y encarecimiento del crédito).
Es hora, por tanto, de disciplinar el gasto público con urgencia y determinación hasta devolver el equilibrio presupuestario, al tiempo que emprendemos reformas liberalizadoras en los mercados que ayuden de forma efectiva a que la economía se regenere y pueda emprender de nuevo la senda del crecimiento sobre una base más sólida.
Luis Torras es analista financiero y miembro del Instituto von Mises.
