La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha creado una enorme polémica que puede desembocar en una crisis institucional. De un lado se exige la aceptación por parte del Principado de la resolución del máximo órgano jurisdiccional del Estado; de otro se considera que esa decisión atenta contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán expresada en referéndum.
Guste o no, esta situación plantea un problema de primera magnitud en tanto que las fuentes de legitimación de las pretensiones catalanas y las del TC son diferentes. En este contexto, el enfrentamiento entre las demandas políticas de Cataluña y el marco institucional vigente tienen una difícil solución y ponen en cuestión el modelo de organización territorial del Estado alumbrado por la Constitución de 1978. Éste es el fondo de la cuestión y resolverlo es de una extrema complejidad.
De entrada da igual, permítaseme la licencia, que un texto constitucional declare que sólo hay una nación, la española; también da igual el recurso a razones históricas para justificar las pretensiones integradoras o particularistas del todo o de una parte. Del mismo modo es irrelevante declarar que el único poder constituyente es el conjunto del pueblo español.
Posible solución
Cuando la mayoría de la población existente en un territorio determinado aspira a constituirse en Estado o en algo muy parecido y se siente justa o injustamente tratada por el resto, ése es un hecho de extrema gravedad. Ante este panorama, la respuesta clásica de los gobiernos centrales era suspender la autonomía de las administraciones sedicentes u obligarles por la fuerza a permanecer dentro de la estructura unitaria o descentralizada del Estado. La otra alternativa ha sido permitir la disgregación pacífica de la vieja estructura territorial, léase el caso de la antigua Checoslovaquia.
A estas alturas parece improbable que un Estado democrático en un entorno como el europeo sea capaz o esté dispuesto a recurrir a una suspensión del autogobierno de una región o de una comunidad autónoma o a una intervención militar para evitar la secesión de una parte de su territorio. Es más, la amenaza de usar esas dos armas tiene un escaso poder disuasorio.
Tampoco es posible que, en un escenario de economías abiertas, un Gobierno central empeñado en preservar su unidad sea capaz de asfixiar económicamente a la parte que quiere o aspira a disgregarse.
El coste y las competencias
El Estado moderno, tal como se alumbró hace cinco siglos, está en crisis y resulta muy complicado mantenerlo con sus viejas prerrogativas en contra de la voluntad de quienes lo integran. Desde esta perspectiva, su capacidad de recabar la lealtad de sus súbditos depende sólo de la persuasión, de ofrecerles fórmulas de integración atractivas.
En un mundo económicamente integrado, el tamaño del mercado de un país es más grande, mucho más grande, de lo que lo es su dimensión política. En el caso extremo, en el que las fronteras son totalmente irrelevantes para las interacciones económicas, el tamaño del mercado de cada país es el mundo. La evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la apertura internacional de un territorio, su viabilidad tiende a volverse independiente de su dimensión.
No es una casualidad que la existencia de la NAFTA hiciese el separatismo de Quebec más fácil y menos costoso. En una Europa con libre circulación de bienes, servicios y capitales, cualquier estructura territorial puede sobrevivir salvo que cometa el error o el suicidio de volverse autárquica. El coste de la independencia disminuye con la globalización de la economía.
Con independencia de la cuestión catalana, lo cierto es que los estados europeos contemporáneos, en su forma tradicional se ven amenazados por dos movimientos. Por un lado por el traspaso de competencias hacia una entidad supranacional, la Unión Europea; por otro, por una transferencia de poder hacia las administraciones periféricas, regiones y municipios. Esta tendencia será imparable salvo que se produzca una vuelta generalizada al proteccionismo en Europa, lo que es poco probable.
Ante este panorama es necesario plantear formas imaginativas, flexibles y no coercitivas de integración política, lo que exige convencer a los teóricos o reales secesionistas, independentistas o llámeseles como se quiera de las ventajas de la unión. En otras palabras es preciso recrear o reinventar el esquema de Las Españas.
Por último, es impensable buscar un acuerdo institucional estable sin modificar de manera radical ese mecanismo de transferencias interregionales. Al margen de unos mínimos, no todas las regiones del país tienen que tener los mismos servicios públicos o idénticas prestaciones sociales como tampoco una similar presión fiscal. Este uniformismo es incompatible con la propia esencia de un sistema descentralizado, es ineficiente y además crea agravios, sobre todo en épocas de crisis. Las zonas ricas del territorio nacional no tienen por qué subvencionar a las pobres, lo que además no ha servido para avanzar en la convergencia real entre las regiones españolas sino para crear mecanismos de clientelismo político pagado con el dinero de otros.
En suma, la cuestión catalana no es una anormalidad española sino el resultado de una estructura de organización territorial del Estado que no se adapta a la realidad de los tiempos. Así sucede en otras entidades políticas. En el caso de España resulta evidente que el Título VIII de la Constitución ya no da más de sí. Si el problema de Cataluña no se afronta con inteligencia y racionalidad, el andamiaje de eso que llamamos España puede saltar en pedazos.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista.
