Los últimos titulares publicados en este diario acerca de las maltrechas cuentas de las Administraciones locales están poniendo el énfasis en unas instituciones que, hasta ahora, nos parecían intocables. Por mucho que queramos relativizar esta información, la noticia es inquietante a todas luces y, si los malos presagios se cumplen, el sector público está a punto de vivir la misma oleada de quiebras técnicas que la vivida en el sector privado.
Esa desazón no sólo existe en el técnico del ayuntamiento que ha dejado de cobrar la nómina del mes de junio. También, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos y Europa en pleno nos han hecho ponernos gafas de aumento para ver nuestro problema con el gasto.
Conscientes de ello, el Ejecutivo no ha hecho sino intentar remendar el traje de la financiación, sin darse cuenta de que ese traje necesita unas nuevas medidas. De momento, la aprobación del techo de gasto no financiero de 2011 en un 7,7% menos que el año pasado se ha convertido en un paso importante, aunque no decisivo.
Gasto desigual
En el año 2009, tan sólo el gasto corriente en bienes y servicios del sector público ascendió a los 55.000 millones de euros. El reparto de este gasto entre las distintas Administraciones es desigual y varía en función de las competencias -propias o impropias- asumidas por cada nivel de la Administración. Así, las comunidades autónomas gastan aproximadamente el 50% de esa cantidad, los ayuntamientos algo más del 32% y el Estado el 18% restante.
Si algo tiene de gratificante trabajar para el sector público es la potestad para analizar con espíritu analítico y crítico las deficiencias del sistema y tener la autoridad de proponer soluciones constructivas en un entorno poco dado a los cambios. De este modo, puedo aseverar firmemente que esos 55.000 millones están mal asignados en, al menos, un 20%.
Dicho de otro modo, una reforma de los sistemas de contratación de las Administraciones Públicas que, manteniendo los niveles de servicio y los perfiles de consumo actuales, optimizara los gastos corrientes pagando el justo precio de mercado por los bienes y servicios contratados, permitiría inyectar en el sistema más de 10.000 millones de euros anuales de forma estructural y sin efectos adversos sobre las variables fundamentales de la economía.
Reacción ante el mercado
Basta con comparar los objetivos del Gobierno con la bajada del sueldo de los funcionarios y con la subida del IVA, para darse cuenta de la potencia de la reforma que debemos, sí o sí, emprender.
El sector público no sabe comprar, pero es que comprar bien no es fácil. Afortunadamente, nuestra economía ha sufrido un proceso de liberalización de los mercados que hace que, por ejemplo, optimizar hoy suministros como la electricidad o las telecomunicaciones sea un proceso tremendamente más complejo que hace relativamente pocos años, cuando estos mercados eran monopolios públicos con precios fijos y en los que comprar no era más complicado que comprar naranjas.
La realidad es que el sector público no ha sabido responder y adecuarse a esta creciente sofisticación de los mercados, como sí lo ha hecho el privado, sobre todo, las grandes empresas, que han reaccionado realizando importantes inversiones en departamentos de compras repletos de expertos con títulos de postgrado específicos sobre estas cuestiones, provocando mejoras sustanciales en sus estructuras de costes.
¿A qué se debe la mala gestión?
Son muchas las razones que se pueden argumentar en descargo del ya suficientemente maltrecho sector público. La primera es que posiblemente nadie espera de su ayuntamiento que compre bien y, en consecuencia, no se le valora por ello.
Por otro lado, los departamentos de compras y contratación de las Administraciones Públicas, a diferencia de los del sector privado, no sienten la presión de la competencia y sus responsables no se están jugando su puesto de trabajo con el resultado de sus acciones, lo que, queramos o no, anestesia el espíritu de mejora.
Además, una desventaja relativa y muy evidente respecto al sector privado es la legislación en materia de contratación pública. A pesar de algunos avances introducidos en la última reforma, como la regulación del Acuerdo Marco, de las compras centralizadas o del Diálogo competitivo, tras dos años de vigencia de estas fórmulas más o menos novedosas, lo cierto es que no terminan de consolidarse y el sistema adolece de las mismas carencias que afectan directamente a la eficiencia de la asignación de recursos: una tremenda lentitud, una deficiente gestión de la información al servicio de los potenciales proveedores, un nulo aprovechamiento del perfil de gran consumidor de la Administración Pública y unos periodos de pago que implican unos costes financieros muy elevados.
Si las arcas públicas están al borde de la quiebra, ahora más que nunca debemos de pedirle a nuestros gobernantes honestidad, voluntad política y determinación para hacer bien las cosas. Es ahora o nunca.
Miguel Marín, socio director de Eneas Sector Público.
