La administración es una carga. Y dos datos sobre el crédito lo reflejan fielmente. Por un lado, mientras que los préstamos al sector privado caían unas décimas, el crédito a las Administraciones Públicas ha crecido un 24 por ciento. El esfuerzo keynesiano del Estado para suplir la caída de la actividad se ha traducido en un acaparamiento de los recursos y, por tanto, en la restricción del crédito para los agentes privados, el llamado crowding out.
Por otro lado, la morosidad de la Administración crece cuatro veces más que en el sector privado. Aunque todavía el total en mora -unos 215 millones- no resulta una cifra tan grande, sobre todo preocupa la velocidad con la que ha crecido en el último año. El grueso de los retrasos se concentra en los ayuntamientos porque éstos se han acostumbrado a la dieta del ladrillo y brindan gran cantidad de servicios sin contar ahora con una financiación estable; así que demoran sus pagos para lograr liquidez.
Y el Gobierno ha pospuesto cualquier legislación de las cuentas de los municipios hasta 2011. Sin duda, pretende evitar que se cruce con las elecciones locales de mayo. Tanto la absorción del crédito como la morosidad suponen un problema para nuestras empresas, que tienen más difícil refinanciar su deuda, cobrar del Estado u obtener circulante de la banca.
La Administración debe plantearse su tamaño para que no ahogue a la iniciativa privada. Ofrece muchos servicios improductivos por los que no se paga que fundamentalmente obedecen a la caza de votos. Debe mejorarse bastante el rendimiento del dinero ingresado por las arcas públicas.
