El Gobierno puso ayer en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar su contenido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Qué significa esto? Pues que el Ejecutivo ha aprovechado agosto para intentar llevarse de tapadillo la Justicia a Cataluña. Ayer anunció que el Ministerio de Justicia tendría que buscar "la fórmula" para crear un consejo de justicia autonómico. Esto sería un artificio para lograr que todos los recursos de casación emprendidos por un problema con la legislación catalana encuentren como máxima instancia el tribunal superior de justicia catalán.
De este modo, el Tribunal Supremo se vería limitado para homogeneizar la normativa entre las distintas regiones y, por tanto, se rompería aún más la unidad jurídica de España. Además, se ha encargado a Justicia que estudie cómo integrar los fiscales dentro de los consejos territoriales. Si al fiscal general del Estado añadimos 17 dependientes de las comunidades autónomas, habrá una compleja proliferación con cada uno luchando por los intereses de su autonomía y no por los del Estado. Ambas modificaciones permitirían a Montilla desarrollar con más facilidad una legislación propia. Zapatero se reunió con el presidente de la Generalitat el 21 de julio.
Entonces, éste le entregó un informe en el que se especificaban los movimientos para desarrollar el Estatuto ajustándose a la sentencia del Constitucional. Más bien se antoja que han decidido sortear el dictamen cambiando la ley. Sin embargo, esto necesita del apoyo del PP. ¿Qué piensan ofrecerle? Parece que vuelve la crispación.
