Las idas y venidas en infraestructuras desembocaron ayer en una comparecencia de Salgado y Blanco. Después de que el titular de Fomento se embarcase en una carrera en la que hablaba de todo y explicase que habría dinero para reprogramar algunas obras, la encargada de Economía intentó ayer dar un golpe sobre la mesa para reafirmar su autoridad respecto a las cuentas.
Sin embargo, no quedó en buen lugar. Para recuperar el terreno político, no se le ocurrió otra cosa que recurrir una vez más a los manidos impuestos a los ricos. La vicepresidenta declaró que podría haber un ajuste en favor de la equidad y en ningún caso para recaudar (sic). Si se sube la tributación a las rentas altas, Salgado hace un guiño a su electorado, pero un flaco servicio a la política económica. Ella misma admite que recaudará poco, sin embargo, provocará que las rentas altas envíen su dinero fuera. La vicepresidenta se empeña en demostrar que es más electoralista que económica. Encima, en su afán de poder desmentir a Blanco, lo confirmó en todo, pues justo dijo que, tal y como apuntó el ministro, habría 500 millones para inversión pública.
Al final, Blanco obtiene su cheque... aunque éste sea limitado, ya que sólo recupera un 8 por ciento de los 6.400 millones de recorte. Salgado señala que estos fondos se financiarán gracias a que se ha reducido el coste de la deuda. Pero el abaratamiento viene de precios muy caros, y la holgura presupuestaria es difícil cuantificarla cuando se desconocen qué cifras han previsto para sufragar la deuda.
El culebrón de las constructoras se alarga con más rumores de una reunión y deja a Salgado mendigando protagonismo.
