Entre las medidas anunciadas por el Gobierno estatal para reducir el déficit, se encuentra un importante recorte a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que, si bien inicialmente iba a sumar una cifra de 600 millones de euros, al final ha supuesto, nada más y nada menos, que la pavorosa cantidad de 800 millones.
A esta situación, ya alarmante de por sí, se ha sumado la decisión que ayuntamientos, diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos han tomado: su respectiva disminución de ayudas al desarrollo.
Son estas últimas, a las que llamamos cooperación descentralizada, las que preocupan de modo acuciante a las pequeñas fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), puesto que de ellas dependen no sólo muchas de las acciones que pensaban llevar a cabo a lo largo del año, sino también, en muchos casos, su propia probabilidad de existencia.
Debemos tener en cuenta que actualmente la cooperación descentralizada es la responsable de la gestión de cerca de 670 millones de euros, lo que supone un 12,71 por ciento de la AOD nacional. Su existencia es esencial para garantizar la independencia respecto a intereses económicos y comerciales, y también para hacer llegar a los más desfavorecidos la ayuda necesaria para subsistir.
Como miembros de la sociedad, las fundaciones y las ONGD son conscientes de que la situación económica que atraviesa España está marcada por la obligada toma de medidas que, seguro, nunca dejarán satisfechos a todos, y menos aún a los que se ven directamente afectados por los ajustes y recortes.
Pero todos tenemos la obligación moral de preguntarnos si esos recortes deben atacar, de manera tan tajante, a los que precisamente viven en las peores condiciones. No estamos hablando únicamente de pobreza sino de la situación extrema, que lleva la palabra muerte como bandera, y que afecta a millones de seres humanos en el mundo, una situación que, desde España, parece fácil olvidar, más cuando los vientos tampoco nos son favorables.
Mientras los agentes de la cooperación descentralizada reflexionan y ejecutan sus recortes -acciones que muchas veces suponen dar la espalda a leyes y pactos autonómicos y a promesas políticas- las fundaciones sólo podemos pensar qué camino vamos a tomar, porque, desde luego, entre nuestros planes no entra la idea de desistir de nuestro compromiso. Abandonar supondría defraudar a los millones de personas que confían en nuestra sociedad, en nuestros planes de cooperación y en todos los proyectos que, aunque ahora corren el riesgo de convertirse en papel mojado, son su única esperanza.
Probablemente debamos asumir un nuevo reto, que pasa inequívocamente por conseguir nuevas fuentes de financiación, aunar esfuerzos, implicar a más empresas y concienciar a más ciudadanos. Debemos hacerlo siempre con la vista puesta en que el desarrollo de todos los seres humanos es el verdadero futuro del mundo.
Pilar de Vicente Abánades, presidenta de la Fundación Magdala.
