Es indudable que en los últimos 25 años España ha progresado de forma importante en la internacionalización de su economía. Con todo, existen todavía importantes puntos débiles en este proceso, que pueden resumirse en tres: pocas empresas internacionales (casi todas ellas de gran tamaño), concentradas en pocos sectores y que, para el conjunto de la economía, generan poco valor añadido.
En efecto, no llegan a 40.000 las empresas que venden de forma estable en los mercados exteriores, y el 70% del total de la inversión española en el exterior corresponde a sólo 35 sociedades. Por otro lado, casi el 50% de la exportación española procede de tan sólo diez sectores, y uno de ellos (automóviles) concentra casi el 20%. Por último, nuestra especialización productiva en los mercados internacionales se concentra en ámbitos de tecnología media-baja donde se genera poco valor añadido.
En síntesis: existen amplios segmentos de la economía española, especialmente la pequeña y mediana empresa, que necesitan ser incorporados al proceso de apertura a los mercados exteriores.
Los beneficios de la internacionalización. La economía española saldrá beneficiada de una profundización en la internacionalización no sólo por la creación de empleo o por un aumento en la rentabilidad de las empresas, que también. Una ampliación de las bases del proceso de internacionalización nos ayudará a cambiar nuestro modelo productivo, a identificar mejor las fuentes de creación de riqueza en España a medio y largo plazo, a saber en qué somos competitivos a escala global, y cuáles son los factores de éxito decisivos en los mercados internacionales.
Competir fuera es fundamentalmente una cuestión de modelo de organización. Las empresas exitosas en el exterior - aparte de ser más rentables como consecuencia del incremento de la escala de sus operaciones, la reducción de costes y la eficiencia- lo son porque se impregnan de una cultura empresarial que pone énfasis en la creación de valor, atenta a las señales que emiten los competidores y los consumidores, atenta a los cambios en las modas y en las tendencias. En definitiva, la empresa internacionalizada genera cintura para adaptarse a un entorno incierto y cambiante.
Meta futura
El reto para nuestro país es promover la creación de una nueva oleada de empresas que pueda incidir en la dinamización productiva e innovadora del tejido empresarial español, y por ende de nuestra economía, sustentando la creación de una nueva estructura económica que sea una fuente estable de creación de empleo y prosperidad.
En los últimos años han surgido en nuestro país un buen número de pymes en sectores emergentes como los servicios a empresas, las nuevas tecnologías, energías alternativas, productos de consumo y alimentación innovadores, el medio ambiente, la biotecnología, etc. Son compañías a las que es necesario poner en condiciones de afrontar los mercados globales.
Competencia del Estado
El papel del sector público. Para abordar este desafío, las Administraciones Públicas españolas deben actuar con mentalidad estratégica, anticipando los retos y aportando soluciones. El papel del sector público en la acción exterior no es ni sustituir ni desentenderse de los problemas que las empresas afrontan en el exterior. Es el de actuar como auténtico catalizador de la acción exterior de nuestras sociedades, proporcionando un apoyo que parta de sus particularidades y necesidades y que vaya más allá de detectar oportunidades de mercado y organizar programas de promoción.
Es necesario identificar y promover los factores de éxito decisivos, conocer cuál es su inserción en el contexto de las redes y cadenas internacionales de valor, y ayudarles a aprovecharlas, reforzando su capacidad de cooperación a través de alianzas internacionales, y utilizando el arrastre de las grandes compañías ya internacionalizadas.
Para ello, es necesario poner cierto orden en el esquema predominante de apoyo a la internacionalización. Un sistema que puede mejorar su eficiencia a través de la coordinación de los mecanismos de apoyo existentes a escala nacional, de comunidades autónomas, ámbito local, cámaras de comercio, asociaciones de exportadores, etc., evitando que las ayudas se solapen o superpongan.
Su racionalización permitirá reducir los costes de administración y funcionamiento de las diversas agencias, que tienen que orientarse más hacia las empresas y menos a su vertiente institucional. Ello permitirá a las compañías recabar la ayuda que necesitan con los mínimos requisitos burocráticos. En definitiva, un modelo de apoyo a la internacionalización que involucre a las empresas en el proceso de definición de políticas e instrumentos, asegurando un correcto intercambio de ideas entre ellas y la Administración Pública tanto sobre las necesidades como sobre los resultados alcanzados.
Enrique Alejo, técnico comercial y economista del Estado.