La mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados, desde el primer momento de la constatación de la crisis, decidieron estimular la actividad económica incrementando el gasto público.
Las vías han sido varias: construcción y mantenimiento de infraestructuras, pagos a personas desempleadas, subvenciones a empresas significativas por su volumen de empleo directo e inducido? Se esperaba que esas medidas incrementarían la producción en una cuantía superior al gasto realizado. El esfuerzo tuvo poco efecto en cuanto a aumentar la producción y reducir el desempleo, pero incrementó el nivel de déficit y deuda. La brecha entre lo esperado y lo obtenido ha generado explicaciones contrapuestas, que van desde exigir un mayor volumen de gasto durante más tiempo hasta su cuestionamiento radical.
Es obvio que el gasto público adicional aumenta las compras y la contratación. Ese efecto es visible, los vendedores y contratistas tienen más actividad e ingresos, así mantienen empleo y, en algún caso, pueden aumentarlo, lo que se considera una evidencia de que la autoridad está actuando correctamente. Cuando se reúnen tres condiciones: a) el sector público tiene superávit fiscal; b) la crisis es incipiente y débil; c) el gasto se centra en actividades que favorecen la actividad económica, es posible que esa decisión contribuya a la vuelta al pleno empleo, pero esta acumulación de circunstancias es rara. Lo normal es que en un primer momento la Administración se endeude y seguidamente aumente la presión fiscal, lo que da lugar al efecto crowding out, que tiene tres manifestaciones: menor disponibilidad de crédito para el sector privado, aumento de los tipos de interés y expectativa de incremento -apreciable y rápido- de la presión fiscal directa e indirecta, lo cual, a su vez, reduce la propensión a invertir y perjudica el crecimiento.
Las Administraciones Públicas (AAPP) tienen algunas debilidades para conseguir directamente la recuperación económica. Las dos más obvias están en que su eficiencia es menor y tiene mayor coste de producción que el sector privado y en que su función habitual tiene un efecto distributivo y otro productivo. En el primero es más eficaz que en el segundo, entre otras cosas porque éste se realiza al margen del mercado y, por tanto, sin la presión de la competencia que obliga a la eficiencia y porque el sistema de licitación demora la toma de decisiones. Al utilizar recursos detraídos del sector privado, reduce, a la vez, la base fiscal y la eficiencia global del país, pero también recorta el montante de recursos disponibles. Esto último se explica porque una parte se va en el coste de la recaudación y comporta una pérdida de competitividad inmediata, al tiempo que, a través de la reducción del ahorro, afecta negativamente a la inversión futura. Por otra parte, las Administraciones Públicas tardan en tomar sus decisiones, demoran los pagos y tienen sesgos relacionados con sus programas de actuación, con sus valores y el impacto electoral de cada medida que llevan a priorizar las presuntas panaceas de moda que van desde el impulso a procesos de generación de energía eléctrica caros e ineficaces, investigaciones alejadas de la innovación práctica, etc.
El argumento central a favor de la intervención pública, reiterado una y otra vez, es que una parte de la renta de los ciudadanos se ahorra, precisamente, cuando el gasto es más necesario. Esto justificaría la actuación gubernamental, incluso si se suben los tipos fiscales para mantener el presupuesto en equilibrio. Parece razonable, pero es falso, porque las personas llevan al banco el dinero que no gastan -para que esté protegido y devengue intereses- y el banco lo presta a los inversores, a los que exige las garantías pertinentes.
El gasto público tiene visibilidad. La parte oculta del proceso está en que los recursos se han detraído de actividades eficientes, a las que se deja sin medios y sin capacidad de crear empleo, generar beneficios y, en su momento, efectuar pagos fiscales. Así, el sector público tendrá menos recaudación en un futuro inmediato, más gasto de atención a personas desempleadas y un mayor pago por los intereses de la deuda que ha generado. Este resultado no debe atribuirse al hecho de haber incurrido en déficit porque, como se ha dicho, se produce incluso con un presupuesto equilibrado. La causa de fondo está en el tamaño del sector público, que nunca es mejor por ser mayor, pero que siempre pierde eficiencia cuando se obstina en realizar procesos que podría proporcionar la iniciativa privada a un coste menor y con más aportación.
En otras palabras, en la mayoría de las prestaciones directas de las AAPP éstas deben llevar el timón y dejar que remen las empresas. En muchos ayuntamientos, la limpieza de calles y la recogida de basuras la realizaba personal propio, mientras que ahora se ha externalizado con reducción de coste y mejora de servicio. La enseñanza y la atención médica privadas podrían tener un peso externo superior al actual. De hecho, hay comunidades autónomas en las que los túneles y autopistas, las escuelas y las cárceles son privadas, lo mismo que su mantenimiento. Hay instituciones públicas en las que los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento son privados, pero eso no se traduce en ahorro porque las plantillas aumentan para desarrollar normativas redundantes y supervisar su cumplimiento, cuando deberían tender a una reducción apoyada en aumentos de eficiencia y eliminación de actividades prescindibles.
Joaquín Trigo Portela es Director Ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.