El tráfico aéreo se paralizará después del 15 de agosto. Aún sin una fecha clara, los controladores harán huelga al descubierto -de una o varias jornadas- como protesta contra el real decreto aprobado el 30 de julio por el Consejo de Ministros que establece descansos de 30 minutos cada dos horas y fija su actividad anual en 1.670 horas. Ya no se esconden bajo una avalancha de bajas médicas. Será el primer paro oficial del sector desde 1989, lo que supone un cambio de estrategia en la manera de actuar de este colectivo.
La huelga es un derecho, pero también es una obligación no perjudicar al conjunto de la sociedad. El chantaje salvaje de este colectivo no se puede permitir, máxime en un momento crítico para la economía y cuando afecta a un sector prioritario y estratégico para España, como es el turismo.
El ministro José Blanco hará bien en poner orden y establecer unos servicios mínimos que garanticen el transporte aéreo en el periodo estival. Queda esperar que los controladores respeten y cumplan esos mínimos y no provoquen el caos entre los viajeros como han venido haciendo con su absentismo las últimas semanas en muchos aeropuertos españoles. No es de recibo que un conflicto sobre horarios y retribuciones -hay que recordar que los controladores españoles cobran en la media europea, del orden de los 200.000 euros al año- arruine las vacaciones de miles de personas y afecte a una economía ya seriamente dañada.
Los paros supondrán un gran número de cancelaciones y desvíos de turistas hacia otros destinos, así como pérdidas de clientes. Algo nada aconsejable para los tiempos que corren.
