En buena parte de los países occidentales se encaró la crisis con pautas parecidas. Inicialmente, tomaron la forma de gasto rápido, desmedido y sin planificación. El fracaso dio paso a reformas legislativas en el ámbito financiero y laboral, sin conseguir resultados perceptibles, pero derrochando recursos escasos y aumentando el endeudamiento, su coste y la dificultad de incrementarlo o, simplemente, renovarlo.
El nuevo fiasco obligó a considerar el gasto de las Administraciones Públicas (AAPP), en forma de subvenciones y prestaciones variadas. Poco después, se empezó a cuestionar el volumen asignado a pagos de personal directo y asociado, el número de funcionarios, su actividad, sus prerrogativas y su pertinencia.
Privilegios de los funcionarios
El personal al servicio de las AAPP es elevado, su jornada más reducida que la media total, cobra más a igualdad de funciones, tiene más vacaciones y mejores prestaciones complementarias, se retira a edad más temprana, tiene garantizado de por vida el puesto de trabajo... Parte de ellos evidenciaron sus conocimientos en una oposición, trabajan duramente y renuncian a los mayores emolumentos que pueden obtener en actividades privadas, pero, en general, menudean las reclamaciones laborales de quienes quieren las condiciones de empleos similares en el sector público mientras que nadie pugna por igualar las del sector privado.
La seguridad de algunos, en el marco incierto y movedizo de los demás, empieza a ser considerada como una asimetría que, para algunos, roza el agravio, especialmente cuando a lo largo de la crisis aumentó el número de efectivos en los diferentes niveles administrativos.
Reducción de puestos
Así, desde Inglaterra y EEUU hasta la propia España, se reconoce que el exceso de sector público es un freno a la recuperación, porque detrae recursos para la inversión. En consecuencia, se plantea mantener y mejorar la eficiencia de las instancias que atienden directamente a los ciudadanos a la vez que se postula la reducción de puestos innecesarios, la eliminación de fundaciones, agencias, comisiones, institutos y una larga lista de entes que viven del erario público.
La idea es buena aunque, como medida de política económica, su eficacia dependerá del grado en que se aplique. Probablemente, después de grandes declamaciones, lo que se consiga será mínimo, ya que la Administración tiende a dominar a la política porque sabe más de los asuntos que le conciernen, tiene más experiencia, más tiempo y más paciencia.
Además, buena parte de los diputados y senadores proceden de las filas del funcionariado, que también nutre a las distintas figuras organizacionales, junto a miembros de una y otra afiliación, que pueden ser buenos técnicos pero que pueden ser redundantes o innecesarios. De ahí la propuesta de reducir los niveles administrativos y las plazas consiguientes.
¿Auditorias?
El cambio en la deriva de las AAPP también debe devolver a los parlamentos la función reguladora que ha cedido a entidades que, junto a ella, acumulan tareas de inspección y sanción, cuya superposición puede cuestionar los principios democráticos de separación de funciones y la conveniencia democrática de mantener cheks and balances. Adicionalmente, debe resaltarse que las AAPP sólo pueden hacer lo que tienen expresamente autorizado, mientras que los ciudadanos son libres de hacer todo lo que no está explícitamente prohibido.
Hasta ahora, los límites prefijados para las AAPP, por ejemplo en la Unión Europea en cuanto al volumen de déficit público y de endeudamiento, se han considerado con una benevolencia que ha propiciado excesos difíciles de corregir. Sin responsabilidad personal ni política, esos comportamientos no encontraron frenos relevantes y las posibilidades de sanción han sido un freno.
En otros ámbitos algunas prácticas dudosas que podrían haberse evitado han persistido porque el sistema de verificación es lento, incompleto y está en manos elegidas por los mismos partidos que dominan las instancias reguladoras. En cambio, en el ámbito privado las auditorías realizadas por expertos independientes son la pauta normal exigida por la norma. Ese criterio ha de ampliarse a las Administraciones y a todos los dependientes del Presupuesto público.
La calidad y pertinencia de la regulación deben estar a la altura de las exigencias de la competitividad en un mundo abierto, esto es, con sencillez y claridad, sin redundancias, obligaciones innecesarias, penalizaciones excesivas ni necesidad de interpretación continua.
Esto es, con criterios precisos, con estabilidad y sin sorpresas. La presión de la crisis ayuda a conseguir estas mejoras que facilitan un crecimiento sostenido. Sin ellas, la creación de empleo y su calidad, la sanidad financiera de las AAPP y la confianza en el futuro estarán en entredicho.
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.
