El ministro de Fomento, José Blanco, dio a conocer ayer las obras públicas canceladas como consecuencia del ajuste que corresponde a su cartera, de 6.400 millones a aplicar en dos años. Por lo pronto, se rescinden 18 proyectos y otros dos quedan aparcados para licitarse más adelante, por un importe global que ronda los 1.000 millones.
Fomento deja para septiembre la información sobre las actuaciones que sufrirán retrasos, hasta completar los alrededor de 3.000 millones que debe recortar en 2010. Resulta llamativa la destreza con la que Blanco ha efectuado el reparto. Supone un virtuoso equilibrio, al distribuirse equitativamente entre las comunidades autónomas del PP y del PSOE y al ser también nivelado en cuanto a las empresas afectadas, con un práctico empate técnico entre las compañías grandes y las medianas afectadas.
Ahora surgen no pocas preguntas. Si las obras canceladas se retomarán algún día, los plazos dispuestos para las que se aparquen, cuáles serán las que pasarán a la colaboración público-privada y si el coste final se verá alterado por los retrasos, en las que eso ocurra. España cuenta con un buen nivel de infraestructuras y resulta lógico contenerlas en tiempos de austeridad, pero llama la atención que sea la cartera de Blanco la que cargue a sus espaldas con un volumen tan alto del tijeretazo: 6.400 millones frente a los 15.000 totales. El ministro está sabiendo encajar un ajuste que no le queda más remedio que abordar y lo defiende abogando por acabar con la cultura del gratis total, una de las enseñanzas que nos debe deparar esta crisis.
