El Estado, sus organismos, sociedades y fundaciones podrán acogerse al procedimiento arbitral y renunciar a los tribunales en sus disputas, a partir de la entrada en vigor de la norma que modifica la Ley de Arbitraje, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Es una normativa para ahorrar tiempo y dinero tanto a la Administración como a los ciudadanos. Además, servirá para desatascar el gran colapso en los tribunales contencioso-administrativos y mercantiles.
Con ello, miles de millones de euros que están retenidos a la espera de sentencias firmes revertirán al mercado. El texto incluye elevadas exigencias para dotar al proceso de seguridad jurídica. El Gobierno ha optado por la seguridad frente a la mayor rapidez que exigía una parte del sector del arbitraje.
