El reciente anuncio de un posible pacto energético-eléctrico entre los dos principales partidos políticos ha suscitado comentarios, esperanzas y temores. Comentarios inevitables ante un anuncio así, después de largo tiempo sin diálogo en esta materia; esperanzas, porque todo lo que contribuya a la estabilidad legislativa y regulatoria es bueno para un sector que lleva años sumido en una incertidumbre creciente, y temores, porque cuando se esperaba una solución inmediata a una cuestión concreta, la de las primas a las renovables, se anuncia un retraso en ese asunto y se teme que se abra la cuestión energética en toda su amplitud, lo que podría generar aún más incertidumbre, y esto en un momento de crisis económica -en el que ciertos asuntos no deben esperar para ser resueltos- y política.
Condicionantes
Pero ¿es realmente bueno que haya un pacto?, ¿es necesario? O, más exactamente, ¿qué condiciones debería reunir el pacto para que pudiese ser valorado positivamente?
El punto de partida de un pacto energético debería ser una triple consideración:
a) En el sector energético, y más concretamente, en el eléctrico, hay un buen número de cuestiones que llevan mucho tiempo pendientes de solucionar, y requieren decisiones urgentes. Sin pretender agotar la lista, pueden citarse: el déficit tarifario, el modelo de retribución de la distribución, el modelo de mix energético y de generación a medio y largo plazo, incluida la energía nuclear, las primas a las renovables y su evolución futura, las distorsiones de los precios de la electricidad, el modelo de mercado mayorista. Y otras tantas.
Lo cierto es que la incertidumbre de los últimos meses ha retraído a los inversores y a la banca, las cotizaciones bursátiles han llevado a algunas empresas a cotizar bien por debajo de su valor en libros y las inversiones en nuevas instalaciones se paralizan por la falta de un marco jurídico estable y seguro.
b) Sin embargo, no es menos cierto que no es éste el momento de entrar a fondo en todos los problemas energéticos de España, lo que llevaría tiempo y haría más difícil y larga la solución de los asuntos citados. Habrá que hacerlo, pero ni con precipitación ni retrasando lo que es más urgente.
c) Los vaivenes legislativos y regulatorios han sido causa principal de la incertidumbre sectorial y de los problemas que aquejan actualmente al sector.
Por lo tanto, habrá que abordar unos cuantos problemas, aquellos que tengan más urgencia y cuya solución tenga un impacto positivo y eficaz a corto plazo y despeje incertidumbres más graves, dejando otros de más calado para más adelante, aunque sería muy recomendable que se fijasen plazos y procedimientos de actuación para abordarlos.
Habrá que trazar unas líneas estratégicas que enmarquen la evolución del sector a largo plazo, sujeta a posteriores negociaciones entre los partidos y, sobre todo, con las empresas. Si así se ha hecho para llegar a los acuerdos sobre primas que vamos conociendo en estos días, lo deseable sería hacer algo parecido a lo que se hizo en 1983 y en 1996 con los protocolos sectoriales.
Seguridad
Difícilmente podrá valorarse positivamente un pacto energético que no dé seguridad al sector en un triple sentido:
a) Seguridad jurídica general para los negocios energéticos, asegurando que se van a respetar principios jurídicos superiores, como la no retroactividad de las normas, por citar sólo uno de actualidad.
b) Seguridad a largo plazo, es decir, estabilidad de las normas que, aunque requieran ajustes periódicos, como es lógico en un sector que está inmerso en un largo proceso de transición, no debe verse sometido a vaivenes regulatorios cada dos por tres, como ha sido la tónica en los últimos años.
c) Seguridad en cuanto a las estrategias energéticas. No es tolerable que la estrategia energética, materia de alcance a muy largo plazo y de incontables repercusiones en otros ámbitos de la economía, sufra continuos cambios de rumbo, y menos por razones ideológicas o partidistas.
En ese marco, hay que hablar inevitablemente de la estrategia relativa a las energías renovables: los incentivos a las mismas, su evolución futura hasta su desaparición, los planes para el próximo decenio, quién debe hacerse cargo de los sobrecostes.
Habrá que diseñar su evolución y trazar las líneas maestras de los planes de desarrollo, hablando de los costes y de su impacto en peajes y precios. Pero esto no deja de ser una parte del debate más amplio sobre el mix de generación, asunto que requiere un enfoque definitivo y no podrá esperar mucho tiempo.
Hay que dar solución urgentemente a todas las cuestiones de naturaleza económica que, máxime en una situación de crisis financiera, afectan seriamente a las empresas. Esto incluye, entre otras cuestiones, el problema del déficit de tarifa, las distorsiones de los precios de la electricidad, que tienen varias causas, y el modelo de mercado mayorista.
Hay que evaluar el funcionamiento de la CNE antes de decidir cambios en su estructura. Hay que diseñar unas líneas de trabajo a más largo plazo para asegurar que las actuales competencias administrativas en materia de energía no supongan un obstáculo para la actividad de las empresas, ni para la unidad de mercado, ni para la necesaria visión general, de sistema, que requiere la electricidad.
Esto es aplicable a los procesos de planificación, a la coordinación de las autorizaciones administrativas y a la homogeneidad de las normas y de los procesos administrativos. No es aceptable que cada comunidad autónoma, por muy autónoma que sea, se empeñe en dictar normas para diferenciarse del vecino cuando lo lógico es que las normas técnicas fueran las mismas en todo el territorio nacional. Estos hispanos están locos, que diría Asterix.
¿Será posible que, por una vez, los dos principales partidos sean capaces de dialogar entre ellos y con las empresas para sentar las bases de una política que trasciende con mucho los ciclos electorales o los períodos previsibles de gobierno de uno y otro?
Pedro Mielgo, ex presidente de Red Eléctrica.
