El pasado 30 de junio, el Gobierno portugués utilizó la acción de oro para vetar la oferta de adquisición a Portugal Telecom del 30% que posee de la operadora brasileña Vivo. Esta decisión política apoyada por el consejo de administración de PT se ha producido en contra de la voluntad del 75% de los accionistas, esto es, de los propietarios de la compañía, que habían votado a favor de la operación.
La iniciativa del Gabinete luso ha sido recusada por la corte de justicia europea por ser contraria a todos los principios del acervo comunitario, por violar las normas de funcionamiento del mercado único.
A pesar de ello, el Gobierno de Portugal ha hecho oídos sordos y persiste en mantener una posición absolutamente inadmisible en el entorno de la Unión Europea. Cuando la oferta de Telefónica está a punto de expirar, el 16 de julio, Bruselas no hace nada para obligar al rebelde Ejecutivo luso a rectificar, y el Gobierno español se ha lavado las manos ante la agresión del Gabinete portugués a una empresa española.
Al margen de los derechos de los accionistas
De entrada, la actuación del primer ministro Sócrates y del consejo de administración de PT constituye de facto una sangrante violación de los derechos de propiedad y de las normas elementales de buen gobierno corporativo propias de una economía de mercado.
La cúpula directiva de PT ha dado, con la ayuda gubernamental, un verdadero golpe de Estado en contra de los intereses de los propietarios de la compañía, los accionistas, que tienen todo el derecho a vender sus participaciones a quien quieran. Se trata, en definitiva, de un comportamiento ilegal e ilegítimo, típico de parajes en donde no se respetan los principios más elementales del Estado de Derecho y no se garantiza la propiedad privada.
Si el Gabinete luso o sus lacayos en el consejo de administración de PT quieren controlar la empresa, que lancen una opa competitiva con la de Telefónica. En caso contrario, han de exigir responsabilidades a las autoridades portuguesas y a los miembros del consejo de PT por las pérdidas económicas que su intervención ha provocado.
Actuación pésima del Gobierno
Por otra parte, el velo del Gobierno portugués a la oferta de Telefónica pone de manifiesto la negligencia y la debilidad del Ejecutivo liderado por el Sr. Rodríguez Zapatero. Si la víctima de la acción de oro portuguesa hubiese sido una compañía francesa, alemana o británica, por ejemplo, es evidente que nunca se hubiese llegado a una situación como la actual. Ninguno de los grandes Estados de la Unión Europea hubiese permanecido impasible ante una agresión cuajada de ilegalidad en contra de los intereses de sus empresas.
Por el contrario, el Gabinete socialista ha permitido, sin mover ni un dedo, que su colega y homólogo ideológico, Sócrates, se salga con la suya y que el talante zapateril se reduzca a pedir ecuménicamente a las partes que negocien haciendo abstracción y abdicación de una medida que vulnera todas las reglas del juego del club europeo del que España y Portugal forman parte. Nadie se imagina a Merkel, a Sarkozy, a Berlusconi o a Cameron actuando de este modo. No hay nada como la solidaridad entre los miembros de la Internacional Socialista.
La actuación del Gabinete español resulta inaceptable si se contemplan algunas operaciones alentadas y promovidas por él mismo, como la compra de Endesa por parte de la empresa estatal Enel.
El Gobierno del Sr. Rodríguez justificó esta adquisición porque era una expresión del principio de libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea y, en consecuencia, porque era coherente con el acervo comunitario. Por eso resulta fascinante y, en buena parte, escandaloso que utilizase unos argumentos para legitimar la entrada de una compañía pública en España y no los use para defender los intereses legítimos de una empresa privada nacional en Portugal.
Esta asimetría de trato en detrimento de Telefónica es inaceptable y resulta incomprensible que ningún grupo parlamentario haya pedido una explicación.
El precio de una mala actuación
Desde la óptica portuguesa, el veto a la oferta de Telefónica va a tener repercusiones muy negativas para ese país. En concreto, rompe los más elementales principios de seguridad jurídica, de garantía de los derechos de propiedad, y esta situación se produce en un momento crítico en el que Portugal está en el ojo del huracán de los mercados y es un serio candidato a una suspensión de pagos si la UE no le socorre.
Un país con una dependencia crónica de la financiación exterior no puede permitirse el lujo de hacer lo que ha hecho sin pagar un alto precio por ello.
En este marco, el populismo nacionalista del Gabinete Sócrates es la mejor medida para llevar a la economía portuguesa a una posición insostenible. Será aplaudido en el corto plazo por una opinión pública nacionalista, como una expresión de soberanía nacional frente a la tiranía de los mercados, esos mismos que pueden conducir a Portugal a un default.
Por último, el veto del Gobierno portugués a la propuesta de Telefónica es también una manifestación de los tics estructurales del socialismo. Cuando sus deseos políticos son incompatibles con la ley, con la garantía de los derechos de propiedad, con las normas de funcionamiento de una economía de mercado, no tienen ningún escrúpulo en saltarse todas las restricciones que frenan el uso arbitrario del poder.
La principal víctima de la acción del Gabinete luso no es Telefónica, sino Portugal, cuya credibilidad y confianza en la escena internacional ha sufrido un duro golpe; y el país lo pagará caro, sobre todo esas capas sociales que han coreado con entusiasmo la agresión del Gabinete Sócrates a la operadora española.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
