El Gobierno se prepara para la posibilidad de acudir al rescate inminente de entidades. En su decreto para reformar las cajas, habilita al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para que pueda asistir a entidades con proyectos solventes en el caso de que sufran problemas de liquidez.
Esto representa el reconocimiento de lo que hemos denunciado desde el principio: en su mayor parte, las fusiones frías han supuesto una forma de ganar un poco de tamaño y, sobre todo, de captar ayudas, pero no han servido para cubrir los agujeros; así que hará falta una segunda oleada de reestructuraciones debido a la desidia del Ejecutivo y el Banco de España.
Ahora, la publicación de los test de estrés podría provocar alguna sorpresa negativa, de ahí que haga falta tener lista una vía rápida de recapitalización y que Salgado pida a Bruselas una prórroga para las ayudas.
Ante esto, enseguida Moody's ha amenazado con rebajar el rating al Frob, porque ello implica añadir emisiones de deuda. Los nuevos requisitos que impondrá la regulación Basilea III, la feroz competencia desatada en España por el pasivo, la marcha de la economía y la constricción de la liquidez no auguran un panorama mejor para las cajas, que podrían emitir cuotas, pero con sus gestores reteniendo la última palabra, por lo que difícilmente podrán atraer a grandes inversores.
Así que colocarán las cuotas entre sus clientes habituales como hicieron con las preferentes. La reforma abre un menú de opciones que presuponen que aún tenemos tiempo. Sin embargo, no lo hay. No se ha atacado la raíz del problema y, por eso, el Gobierno se ve obligado a lubricar de nuevo el Frob.
