¿Pueden acabar echando el cierre hospitales, centros de salud o farmacias en España? Sin duda. Tan real es este escenario en el caso de la farmacia que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid calcula que durante los próximos meses se destruirán 1.000 empleos sólo en la red de 2.800 farmacias abiertas en la región.
Y eso quiere decir que serán muchas las boticas que no tendrán más remedio que cerrar sus puertas o ponerlas a la venta, sobre todo en zonas rurales o en barrios periféricos, cuyos ciudadanos serán los más perjudicados.
El duro ajuste del gasto público emprendido y la insuficiente financiación sanitaria, que se traduce en un déficit crónico del Sistema Nacional de Salud (SNS) superior a los 8.000 millones de euros al año, están conduciendo, en efecto, a muchos profesionales a un verdadero callejón sin salida. Nuestra obligación es buscar alternativas, pero primero debemos informar sobre el alcance de unas medidas que nunca antes habían comprometido tanto el futuro de la sanidad española.
Y eso hemos hecho. El pasado sábado, 26 de junio, nos concentramos junto a los médicos a las puertas del Ministerio de Sanidad para decir basta a la reiterada política de recortes y descuentos que sufre la farmacia desde hace una década. Hasta quince medidas distintas ha encajado el sector desde el año 2000. Se han ensayado todo tipo de recortes de precios y de márgenes, de imposición de descuentos, para reducir el gasto en medicamentos.
Pero, eso sí, nunca se ha tratado de frenar la demanda de fármacos en España, sólo se han rebajado precios que, por cierto, fija el Gobierno. Los dos últimos reales decretos-ley 4/2010 y 8/2010, que incluyen más recortes y más descuentos, son sólo el reflejo de un modo de gestionar la sanidad pública miope, al buscar ahorros sólo en los medicamentos cuando representan el 21,5% del gasto público sanitario, que exprime al máximo a sus profesionales exigiendo constantes sacrificios y que sólo cabe calificar de confiscatorio.
Sin beneficios
Valgan los siguientes datos para apoyar estas afirmaciones. Todos los medicamentos y determinados productos sanitarios dispensados por las farmacias y financiados por el sistema público están sometidos a escalas de deducciones que alcanzarán el 20% a partir del próximo mes de julio.
No es de extrañar, así, que los márgenes netos sobre ventas antes de impuestos de la farmacia hayan caído 5,1 puntos desde 1999, hasta situarse en el 8,8%, sin tener en cuenta los dos últimos recortes aprobados en 2010, que supondrán unas pérdidas medias de ingresos de 9.964 euros al año.
Es el resultado de la gravosa escala de descuentos sobre ventas en vigor desde 2000 y que sólo este año obligará a la farmacia madrileña a devolver al Estado 48 millones de euros en unas aportaciones que superan los 700 millones de euros a escala nacional. Este sistema vigente en España es tan injusto que obliga a sus profesionales a dispensar con pérdidas.
Bélgica, el ejemplo a seguir
Por eso, conviene ir pensando en cambiar de enfoque y estudiar cómo se podría reformar el actual modelo de prestación farmacéutica sometido a una presión de precios y descuentos inaceptable. Es, por ello, imprescindible revisar el sistema de remuneración de la farmacia para hacerlo menos dependiente de los precios y márgenes de los medicamentos, sometidos a una constante intervención del Estado para cuadrar sus cuentas sanitarias.
Sin duda, el camino iniciado en Bélgica puede servir de ejemplo al remunerar la dispensación de medicamentos reembolsables sobre la base de honorarios fijos y no exclusivamente sobre un margen económico sobre el precio de los medicamentos.
Con ello, podremos desconectar la retribución del precio del medicamento, para estar menos condicionados por las bajadas de precios y adaptarse al nuevo papel asistencial del farmacéutico como agente de la salud, más volcado en el seguimiento activo y personalizado de los pacientes, así como en la prevención y educación terapéutica.
Tijeretazo con cabeza
Son cambios necesarios que hay que estudiar. Pero antes tendremos que priorizar gastos y hacerlo preguntando a los ciudadanos, porque me da la impresión de que la salud es el último lugar en el que los españoles meteríamos la tijera. No olvidemos tampoco que el gasto público en salud está por debajo de la media de los principales países de la OCDE y que sólo se compensa gracias al gasto privado, para alcanzar el 9% del PIB, justo la media de las economías más desarrolladas.
Hay, sin duda, espacio para apurar otras opciones de recorte del gasto que nada tienen que ver con el crecimiento económico, la productividad, el futuro o la salud. Incluso en sanidad hay margen suficiente para racionalizar gastos y actitudes que suponen un auténtico despilfarro. Pero hay que hacerlo midiendo las consecuencias y no cortando por lo sano, como ha hecho el Gobierno con los dos reales decretos-ley 4/2010 y 8/2010, que abocan al sector, tanto farmacias y distribuidores como laboratorios, a las pérdidas, a la destrucción de empleo y a paralizar inversiones en I+D, tecnología y calidad, que son la auténtica apuesta de futuro de la sanidad española.
Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
