Empieza una larga y lenta reforma. Había que dotar a las cajas de instrumentos para recapitalizarlas; pero tenía que hacerse permitiendo a los políticos retener el control. ¿Y cómo se logra tal cosa?
Se da a las entidades tres rutas: una, quedarse como están. Dos, emitir cuotas con o sin derechos políticos. Tres, la creación de un banco o SIP. Se pretende así hacerlas atractivas para fondos privados... pero poco, pues tendrán difícil tomar el mando al establecerse dos frenos: por un lado, estas operaciones deben aprobarse por dos tercios de la asamblea.
Y por otro, aunque se baja el peso de la representación política del 50 al 40 ciento, ésta es suficiente para asegurar mayorías. Eso sí, para dar la impresión de que se despolitizan, los cargos electos no podrán ocupar plaza. Así que estos puestos en cajas terminarán siendo retiros de lujo para políticos. Aunque habrá una excepción: estarán en la comisión de la obra social, demasiado importante como para abandonar su gestión. Pero al mismo tiempo se abre la puerta para un proceso lento y encubierto de privatización del sistema. Si las cajas pierden el control del 50 por ciento de su patrimonio, entonces se priva a la entidad de la ficha bancaria y se convierte en fundación, lo que se acerca al modelo italiano de tenedoras de participaciones en bancos.
Además, se refuerza al Banco de España para que, una vez se aplique Basilea III, pueda tratar de forma distinta a las entidades, con lo que podrá imponer criterios más duros a las cajas que no se hagan bancos y, por tanto, les cueste más atraer capitales. Se ha dado un paso importante, aunque todavía estemos lejos de eliminar la perniciosa influencia política.
