La grave crisis económica que venimos padeciendo desde hace dos años ha tenido en el mercado laboral una de sus consecuencias más dramáticas, con una rápida e importante destrucción de empleo, que ha puesto de relieve la alta vulnerabilidad del mercado de trabajo español respecto a los cambios de ciclo económico.
Si en las etapas de expansión se crea empleo con mayor intensidad, en las fases recesivas se destruye muy rápidamente buena parte del empleo creado anteriormente. Además, la experiencia demuestra que la creación de empleo mantiene un cierto retraso con respecto a la actividad y no logra consolidarse hasta que no se alcanza el crecimiento potencial de la economía.
El dato de que en países como Francia o Alemania, a los que la crisis también afecta de manera muy importante, no se haya incrementado el paro al ritmo que en España, o que incluso en la etapa de mayor expansión de la economía española, la tasa de desempleo no bajase del 8%, deben hacernos reflexionar seriamente sobre los males que aquejan a nuestro sistema laboral y la urgencia de abordar su modernización.
Lagunas del decreto ley
CEOE y CEPYME hemos planteado -y así lo defendimos en el proceso de diálogo social- la necesidad de abordar una reforma laboral de calado para conseguir la modificación del marco legislativo actual, con el objetivo de adecuar las relaciones de trabajo a la situación de las empresas, adaptar la evolución de los salarios a la productividad, reducir las deficiencias del mercado de trabajo y mejorar las políticas activas de empleo. Unos objetivos que, lamentablemente, no se alcanzan con el Decreto sobre Reforma Laboral aprobado por el Gobierno.
Este Decreto es un punto de partida insuficiente, aunque confiamos en que pueda ser objeto de mejoras sustanciales en su trámite parlamentario, que perfeccionen el texto y lo hagan más eficaz para conseguir el incremento de la productividad de nuestras empresas y favorecer así la creación de empleo y transmitir confianza a las instituciones y a los mercados.
Entre otros, creemos que es necesario profundizar en la flexibilidad interna de la empresa y en la negociación colectiva, aspectos en los que este Decreto avanza muy tímidamente, así como limitar también la ultraactividad de los convenios.
Mal remedio en materia de contratación
Por lo que se refiere a la contratación, el Decreto es claramente insuficiente, cuando no contraproducente, ya que penaliza la contratación temporal, que no es la mejor manera de incentivar la creación de empleo. Sería mucho más eficaz para disminuir la temporalidad generalizar el contrato de fomento del empleo y eliminar definitivamente el contrato con indemnización de 45 días, manteniendo -por supuesto- los derechos adquiridos en los contratos actualmente en vigor.
Mención especial merece el contrato de formación para jóvenes, cuya redacción tal como se recoge en el Decreto representa una oportunidad perdida para solucionar el grave problema del paro juvenil, que afecta al 39% de los menores de 30 años, casi diez puntos por encima de la media europea.
Y si preocupante es que el Decreto no solucione satisfactoriamente la incorporación al mercado laboral, no menos preocupante es que no sea capaz de adecuar la salida del mismo a las condiciones del mercado. El texto aprobado por el Gobierno no concreta suficientemente las causas de despido objetivo, un aspecto que los empresarios consideramos prioritario para facilitar la labor de los jueces.
Además, en CEPYME nos preocupa la posibilidad que abre el Decreto aprobado para que en los casos en que no haya representación legal de los trabajadores en la empresa, los sindicatos más representativos formen parte de una comisión negociadora sobre determinadas cuestiones de organización interna de la misma, ya que entendemos que esta medida puede implicar un riesgo de creciente sindicalización de las pymes.
Apoyo a las pymes
Asimismo, sería conveniente abordar contenidos no incluidos en el Decreto, pero importantes para mejorar el mercado laboral español, como el contrato a tiempo parcial, el absentismo y el papel de las Mutuas en su control, la reducción de cuotas empresariales y otros que mejoren la competitividad de las empresas y que tengan en cuenta la realidad específica de las pymes, que son más del 99% del tejido empresarial español y, en definitiva, la principal fuente de generación de riqueza y empleo.
No olvidemos que durante la etapa de expansión económica, las empresas de menor tamaño fueron las responsables de la mitad del crecimiento del empleo y que son también las que sufren ahora las consecuencias de la crisis, que en muchos casos está poniendo en riesgo su propia supervivencia. De los más de 1.530.000 trabajadores españoles que perdieron su empleo en 2008 y 2009, el 86% eran empleados de pymes.
Jesús Mª Terciado, presidente de CEPYME.