La reciente cumbre del G-20 en Toronto, cuarta en su breve existencia, ha sido la primera como foro principal para la cooperación económica entre sus miembros con que se había definido a sí mismo en la anterior cumbre de Pittsburg, dejando de lado al clásico G-8, que también se reunió previamente en Canadá.
El G-20 es, en este sentido, indiscutible: asocia a los países más avanzados con aquellos que muestran mayor potencial de desarrollo en el inmediato futuro. De ahí su gran relevancia, donde están representados todos los continentes, y también el interés de España en participar en sus reuniones, aunque no sea miembro del grupo. Sin embargo, los problemas del G-20 no se derivan de su representatividad, por mucho que algunos prefieran un ámbito todavía más amplio, sino de su diversidad. No sólo política o cultural, ya que no todos los miembros del grupo han sufrido las mismas consecuencias de la crisis actual.
La crisis tiene su origen en diversos fallos en los sistemas financieros implicados, que se han transmitido con gran rapidez de unos países a otros, poniendo de manifiesto no sólo graves errores en el comportamiento de sus entidades, sino también llamativos agujeros en su regulación y supervisión. No puede extrañar, pues, que el G-20 se haya puesto manos a la obra en un afán de resolver lo mejor posible los problemas detectados.
Al igual que ocurre con la economía, son países que pueden tener, en general, visiones muy distintas de los problemas, debido a su diferente punto de partida o la situación de sus entidades nacionales. Por eso, no es de extrañar que de la cumbre no haya salido nada realmente nuevo en la reforma de los sistemas financieros, aunque dicha reforma se mantenga en sus elementos básicos, tal vez con una implementación futura más flexible, para tener en cuenta las circunstancias de cada caso.
La agenda de reformas se configura en torno a cuatro pilares. El primero de ellos, el fortalecimiento de la estructura de regulación, sobre la base de los trabajos en curso del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre capital y liquidez, lo que se denomina como Basilea III, para los que se espera exista un acuerdo en la siguiente cumbre del G-20 en Seúl, el próximo mes de noviembre.
El segundo pilar es una supervisión mejor y más efectiva, un ámbito en el que, desde la perspectiva española, tendríamos mucho que aportar. Pero, incluso, esta misma experiencia nos muestra que una buena supervisión no es suficiente, por sí sola, para evitar que la crisis implique una profunda transformación del sistema bancario, especialmente por lo que se refiere a las cajas de ahorros. En este sentido, debemos movernos más hacia una supervisión más preventiva que curativa.
El tercer pilar es la resolución de crisis y el tratamiento de las instituciones sistémicas, sin implicar costes al contribuyente. En este punto, la cuestión clave es cómo contribuye el sistema financiero a sufragar dichos costes. Aquí el G-20 se limita a reconocer la existencia de una diversidad de enfoques por parte de los distintos países, sin pronunciarse expresamente por ninguno.
Éste es un punto donde se utiliza a veces una terminología que oscurece esa diversidad. Por ejemplo, la semana pasada el Gobierno británico propuso una tasa sobre la banca, de un poder recaudatorio reducido, que no está destinada a financiar la garantía de depósitos ni la resolución de crisis, sino a penalizar el mayor riesgo sistémico de las entidades. En cambio, España, con ocasión de la cumbre, defiende que las dos primeras finalidades mencionadas ya las cubren los fondos de garantía de depósitos, que incluso podrían ampliar en el futuro su ámbito de cobertura.
El último pilar es la revisión internacional transparente entre iguales, es decir, entre los países implicados. A tenor de cómo se ha desarrollado este tipo de procesos en el seno de la UE, algo que no ha sido ajeno a la crisis actual, tenemos serias dudas de que resulte efectivo, especialmente si se plantea a un nivel político. Veremos si en Seúl se pone de manifiesto un consenso más amplio y efectivo hacia la solución de la crisis.
Francisco J. Valero, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
