El Gobierno portugués ha resucitado la acción de oro cuando ésta da sus últimas bocanadas en Europa. Lo ha hecho para vetar la venta a Telefónica de Vivo, la filial con suculentos horizontes en Brasil que Portugal Telecom comparte con la teleco española.
Algo llamativo en sí mismo, porque destina la protección de la golden share a una filial, no a la matriz, y precisamente a una que comparte fifty-fifty con la oferente: no debía resultarle tan estratégica su salvaguarda cuando ni siquiera tiene todo el control. Pese a que el 74 por ciento de los socios votó a favor de la oferta de Telefónica -incluso portugueses, como el Banco Espírito Santo-, al Ejecutivo luso no le ha importado actuar en contra de los intereses de los accionistas, muy probablemente buscando lograr a cambio contrapartidas en otras operaciones en España.
La Junta estimó satisfactorio el precio de 7.150 millones, tres veces el valor de Vivo en mayo y 200 millones menos que toda PT. El resultado es una victoria moral de Telefónica, y será cuestión de tiempo que la UE le dé la razón, de ahí que no planee una opa sobre la lusa.
El veto ha sido una maniobra a posteriori... de perdedores. La pelota está en el tejado de Bruselas. La Comisión debe actuar según su discurso -"la acción de oro es incompatible con la legislacion europea"- y presionar a Lisboa para que cumpla cuanto antes las reglas de juego, máxime cuando incluso el primer ejecutivo de PT admite que la acción de oro no valía en esta lid. El Gobierno español debería mover ficha para apoyar a Telefónica. Es sangrante que aún no lo haya hecho y el ministro Sebastián se limite a constatar que es una "decisión soberana del Gobierno luso".
