El aumento del déficit público y las impopulares medidas del Gobierno han avivado el debate sobre quiénes han de soportar el coste de la crisis a través de un aumento de impuestos.
En este sentido, el presidente del Gobierno ha anunciado una nueva figura impositiva para quienes más tienen cuyo contenido todavía hoy se desconoce, y algunas comunidades autónomas han acordado ya una subida de impuestos en el tramo autonómico más alto del IRPF. Pero, ¿hay que aumentar ahora los impuestos?
Ante todo hay que precisar que en la actual configuración del IRPF ya pagan más quienes más ganan. Cosa distinta es que no paguen quienes realmente más tienen o que la progresividad en los tramos más altos haya de ser mayor.
Sea como fuere, lo cierto es que nuestro sistema tributario ha perdido la progresividad que exige el art. 31 de la Constitución. Buen ejemplo de ello es la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, la cuasi-eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD), la tributación a tipos casi fijos de las rentas del ahorro y la tributación a tipos proporcionales en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), modificaciones que, junto a incentivos y deducciones mal estructuradas y electoralistas, han desfigurado sin duda nuestro sistema tributario.
¿Está justificada la subida de impuestos?
A pesar de ello, el debate sobre el aumento de la fiscalidad o, demagógicamente, sobre la tributación de los ricos, no se puede desvincular del necesario y previo debate sobre el gasto público. Cualquier reforma tributaria, por pequeña que sea, debe ser concebida en el contexto concreto del modelo de Estado y de sociedad que se tenga por objetivo conseguir y, en particular, en el conjunto de las reformas estructurales que para alcanzarlo sea necesario acometer.
Revisar la correcta aplicación, eficacia y eficiencia de cada una de las partidas de gasto e inversión es, pues, la prioridad principal. Sólo después de revisar y dimensionar el gasto, que no es lo mismo que hacer un ajuste o recorte del mismo, es cuando en el contexto de tales reformas hay que acometer la de la fiscalidad.
Pasos a seguir
Y en este ámbito la primera cuestión es definir si apostamos por una fiscalidad suave sin incentivos fiscales o por otra con tipos más altos y con incentivos. Es hoy pacífico que un sistema tributario sencillo y neutro es incompatible con la existencia de estos últimos. Por tal motivo, la primera tarea ha de ser revisar su amplio abanico reduciéndolos al máximo.
En segundo lugar, y para recuperar la progresividad a la que antes aludíamos, es necesario analizar la conveniencia de aplicar tipos progresivos en el IS ya que no es razonable que a partir de 120.202,41 euros se tribute a un mismo tipo sea cual sea el nivel de renta.
En idéntico sentido, y para evitar el trasvase de rentas del IRPF al IS, es también necesario fijar tipos especiales para las sociedades cuya finalidad no es realizar una verdadera actividad económica productiva, sino la mera tenencia de bienes o valores. Por su parte, las sicav, como ya ocurre en algún país, habrían de tributar al tipo fijo y liberatorio de las rentas del ahorro ya que no se trata de aumentar su tributación sino de anticiparla.
En el ámbito del IRPF es conveniente fijar una mayor progresividad en los tramos más altos y reducir la tributación de las rentas medias para conseguir una mayor renta disponible.
Asimismo, las rentas del ahorro generadas hasta un año han de tributar a idénticos tipos que el resto de rentas, y las generadas a más de un año a tipos fijos no muy distintos a los hoy vigentes.
Por último, hay que valorar la conveniencia de un impuesto que grave los grandes patrimonios y la de un tipo mínimo e igual en todo el Estado para el ISD limitándolo, eso sí, a las transmisiones de mayor riqueza imponible.
Equidad
En definitiva, una fiscalidad moderada para los factores productivos que dinamice la economía y no nos haga perder competitividad; y una fiscalidad más justa y equitativa que evite los efectos negativos de los trasvases entre IRPF e IS y que grave más a quienes realmente más tienen eliminando al máximo los incentivos fiscales salvo los coyunturalmente necesarios.
Fiscalidad, siempre, acorde con el modelo de Estado que se desea y con el nivel de gasto correspondiente. La reforma de la fiscalidad es, pues, una reforma estructural más pero no el antídoto para combatir políticas insostenibles y desacertadas de gasto público. No en vano, administrarlo adecuadamente es responsabilidad, en mayúsculas, de las distintas Administraciones Públicas.
Antonio Durán-Sindreu, profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu Abogados y Consultores de Empresa.
