En una suerte de pulso al Gobierno, las grandes constructoras españolas preparan una inminente oleada de ajustes de plantilla que podría afectar a más de 50.000 empleados. En resumen, le piden obras al Gobierno para poder dar trabajo. Se trata de una medida de presión que devuelven hoy a un Zapatero que en su día les pidió que no despidieran.
La postura de los titanes de la construcción obedece al necesario recorte del plan de infraestructuras que aborda Fomento bajo la estrategia de racionalización del ministro José Blanco. Puesto que el Plan Extraordinario de Infraestructuras dispone que no se adjudicarían contratos a empresas que presenten Expedientes de Regulación de Empleo, se hace patente hasta qué punto tiene tintes de desafío al Ejecutivo la batería de despidos que preparan estas constructoras.
Si bajo ese requisito a ninguna pudieran adjudicarle obras, ¿qué haría el Gobierno con las que han de terminarse? En lugar de incurrir en esta maniobra cuando la Administración enarbola la bandera de la austeridad, estas constructoras deberían dar por buenos los planes de Blanco, basados en la acertada tesis de que España tiene un nivel saludable, suficiente y razonable de infraestructuras. Deben, primero, sanearse internamente, y luego salir al extranjero a buscar oportunidades con el saber hacer acumulado en etapa del dinamismo.
En esa estrategia sí debe apoyarles el Gobierno porque aquí, por el momento, ya no queda mucho que construir. Asumida esa realidad, no hay pulsos que valgan. Las constructoras han de probar fortuna también fuera.
