El Gobierno estudia reducir las prestaciones de desempleo a un 60 por ciento de la base reguladora en lugar del 70 habitual. Sin embargo, Zapatero ha frenado esta medida y no volverá a plantearse hasta los Presupuestos para evitar mayor conflictividad con la huelga de telón de fondo.
Dependiendo de la marcha de los ingresos, esta iniciativa se plantearía en noviembre. Presionado por Bruselas y el FMI, lo que el Gobierno quiere acelerar es la reforma laboral y la de las pensiones para que puedan estar encaminadas antes de que acabe el verano.
El decreto sobre el mercado de trabajo muy probablemente obtendrá hoy el visto bueno del Congreso. A partir de ahí se abrirá un proceso de enmiendas parciales en el que las formaciones pueden negociar. Y se podría concretar la redacción de las causas económicas para el despido objetivo.
Hasta ahora el juez pedía al empresario que justificase que los despidos aseguraban la viabilidad de la empresa. Esto podría cambiarse y supondría un avance. Al mismo tiempo, se reactivará el diálogo del Pacto de Toledo para acordar la reforma de las pensiones. Será fácil que se aumente el periodo de cálculo desde los 15 años trabajados, pero el PSOE tiene difícil reunir apoyos para el necesario retraso de la edad de jubilación.
La idea de reducir las prestaciones es un paso en la dirección correcta, pero hay que hacer más. Se debe reorientar todo el sistema para fomentar la movilidad geográfica y funcional. La prestación no debe percibirse como un derecho de modo que se espere hasta agotarla. A cambio, debe haber una formación y un proceso de recolocación imprescindible para dinamizar el mercado laboral.
