Como he dicho en otras ocasiones, en un sistema de tipo de cambio fijo, la competitividad del precio relativo se puede restaurar de tres maneras:
1. Con un largo periodo de deflación de precios y salarios. Irlanda lidera el camino en este sentido, aunque la estrategia no está del todo exenta de riesgos, especialmente porque un descenso de los precios aumenta todavía más la carga de la deuda del sector privado en términos reales.
2. La restauración de la competitividad que no incluye precios mediante reformas estructurales que aumenten la productividad. Alemania optó por esa vía en los años 90. Tuvo que esperar una década para poder cosechar los frutos, pero pudo restaurar sus hojas de balance después de los altibajos de la reunificación.
3. Una devaluación brusca del euro, aunque la devaluación necesaria en la periferia es tan importante que conllevaría un aumento de las primas de riesgo.
Aun así, sería de ayuda una depreciación real vis-à-vis respecto al resto del mundo: un reciente informe de la OCDE indica que un descenso del 10% en la ponderación comercial del euro impulsaría el PIB de la zona euro un 0,7% el primer año, 1,3% el segundo y 1,7% el tercero. A principios de junio, el tipo efectivo de cambio del euro se ha depreciado por encima del 5%. Significativamente, los efectos adversos sobre el resto del mundo no se han percibido.
Demasiadas cajas de ahorros
Para España, el asunto más urgente es su sistema bancario y, en especial, las cajas de ahorros. La relativa concentración de construcción sin rendimiento y préstamos hipotecarios de las 46 cajas de ahorros que no cotizan está arrastrando a la economía entera.
Las cajas de ahorros representan poco más que la mitad de todos los préstamos, con 882.000 millones de euros frente a los bancos comerciales, con 798.000 millones de euros a finales de 2009.
Las cajas están atravesando un proceso de consolidación y reestructuración dirigido a reducir el sector en un tercio. El proceso ya ha comenzado y se acelera con el inminente vencimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de 99.000 millones de euros (máximo).
La creación del fondo supuso un desembolso fiscal de unos 9.000 millones de euros en capital (el resto podía movilizarse con financiación de deuda externa). Hasta ahora, se ha aprobado un volumen de 27.000 millones, pero sólo se ha utilizado una pequeña parte. La reestructuración del sector de las cajas la promueven también las nuevas directrices del Banco de España , que exigen a los bancos asignar más reservas para protegerse contra las pérdidas de bienes inmuebles en sus hojas del balance.
Títulos hipotecarios
Una segunda fuente de vulnerabilidad bancaria es la considerable dependencia de la financiación en masa basada en la emisión de títulos hipotecarios, cédulas y el mercado interbancario, incluida la financiación de papel comercial. Dado que los mercados de títulos siguen estando cerrados en su mayoría y el mercado interbancario está sujeto a los arrebatos de aversión al riesgo, la dependencia de las líneas de liquidez del BCE sigue estando muy arraigada.
En general, la necesidad de reducir la dependencia en fuentes de financiación en masa ha provocado una feroz rivalidad por los depósitos entre las cajas de ahorros y los grandes bancos comerciales, que probablemente frustre el adelanto de los grandes ingresos de intereses netos de los bancos.
Liberalizar mercados
Al mismo tiempo, los mercados productos y el laboral deberían liberalizarse simultáneamente, siguiendo los resultados positivos ya conseguidos inicialmente en el mercado de productos y servicios.
Tal vez le resulte excepcionalmente difícil al actual Gobierno socialista. Entre los problemas más importantes del mercado laboral figura el fin de la indexación de los salarios y la introducción de un sistema de negociación descentralizada de los sueldos.
Los sindicatos españoles no demuestran ningún interés al respecto (después de tantos años de prosperidad, les parece demasiada exigencia reequilibrar las finanzas del país a costa de la clase trabajadora).
Además, el coste del despido es sumamente elevado para los trabajadores con contrato fijo, lo que contrasta con la precariedad de los contratos temporales, especialmente de jóvenes e inmigrantes. Aunque el Gobierno propone reducir el periodo de pago por indemnización de 45 a 33 días por año trabajado en caso de despido, sigue siendo relativamente alto en el contexto internacional (en Estados Unidos, por ejemplo, lo típico son 14 días). Más aún, el Gobierno está estudiando facilitar la reducción de la jornada laboral en lugar de despedir directamente a los trabajadores (en este sentido, el esquema kurzarbeit alemán ha demostrado ser un modelo satisfactorio).
Políticas de oferta
Una última medida necesaria es el recurso a las políticas activas del mercado laboral para conservar y transferir los conocimientos de la mano de obra a nuevos sectores. El Gobierno estuvo negociando hasta la semana pasada con los agentes sociales, pero no ha logrado alcanzar un acuerdo con las distintos partes, por lo que el Ejecutivo está tramitando ya su propio conjunto de reformas estructurales.
Nada de esto va a ser fácil. Gran parte podría haberse evitado si se hubieran tomado decisiones más inteligentes en la última década -un dato que no absuelve a ninguno de los grandes partidos políticos españoles ni a los profesionales financieros internacionales- pero se puede hacer y, desde luego, debe hacerse.
La alternativa no es del todo predecible aunque hay una cosa clara: un país que falla en un momento histórico como éste, cuando economías occidentales relativamente eficientes como la estadounidense y la alemana se encuentran en relativo declive, se arriesga a perder cualquier control sobre su futuro económico. En otras palabras, el mal trago de la disciplina fiscal ahora, por muy amargo que sea, evitará un sufrimiento mucho mayor en el futuro.
Nouriel Roubini, fundador y presidente de Roubini Global Economics en Nueva York, y Elisa Parisi, analista senior de RGE.