Durante el segundo semestre de 2009, las comunidades autónomas crearon unos 200 nuevos entes públicos. En esos momentos, ya era más que evidente la crudeza de la crisis, sin embargo, los gobiernos autonómicos optaron por el camino que acostumbran, el de seguir engordando sus clientelas que ya apechugarán otros con la hambruna.
¿Encuentran algún parecido con las resistencias que han opuesto estos poderes regionales a la reestructuración de las cajas de ahorros? Ahora, algunas de ellas incluso han planteado subidas de impuestos, pese a los efectos contractivos que estas alzas generan en una economía recesiva o los cambios de domicilio fiscal que podrían propiciar.
Se antoja difícil justificar estas políticas cuando cuentan con tantas sociedades que bien podrían privatizar, de modo que sean más eficientes y ni supongan carga ni oculten endeudamientos. El mejor ejemplo lo constituyen las televisiones autonómicas, cuyo carácter público no tiene otra razón de ser más que el de instrumentos de poder y, además, están mal gestionadas. O si no, ¿por qué los canales regionales son los que más evitan subcontratar servicios aun a sabiendas de que es lo más barato? Ninguna autonomía ha presentado una propuesta de rebaja sustancial de sus presupuestos y sólo Murcia planea recortar algunos entes.
¿De verdad necesitamos replicar 17 tribunales de la competencia? Las CCAA abarcan al menos el 40 por ciento del gasto y Zapatero no podrá emprender un ajuste fiscal sin ellas. Deben disciplinarse. Es el momento de cuestionar qué Estado queremos y qué papel jugarán las autonomías en él.
