Era obligado modernizar nuestro marco de relaciones laborales, cuyo origen es, en buena medida, preconstitucional. El Gobierno, tras dos años de dejadez en sus funciones, por fin ha asumido su responsabilidad y ha planteado una reforma que, en general, ha sabido a poco. Nuestro problema principal no es la dualidad el mercado de trabajo, sino su rigidez.
No es admisible que con una estructura productiva como la nuestra, con múltiples actividades de naturaleza estacional y proyectos de duración determinada, y en la que se pretende mantener unas demasiado elevadas indemnizaciones de despido, se plantee endurecer las fórmulas de contratación temporal, limitándolas a dos años y encareciendo la cuantía de su indemnización. La consecuencia inevitable va a ser una pérdida de la parte de los contratos que hasta ahora se hacían bajo esta fórmula, como si nos sobraran empleos.
El avanzar tímidamente en las posibilidades de modificación sustancial de las condiciones de trabajo parece un buen comienzo. Pero con el arraigado hábito de la negociación colectiva de limitar cualquier cambio de este tipo si no se compra con mejoras en otros ámbitos, no se puede decir que el tema esté zanjado. La clave aquí es que apenas se avanza en la cláusula de descuelgue, por la que una empresa, en razón a sus circunstancias específicas, pueda funcionar al margen de lo reglado en una negociación colectiva de alcance superior. El no abordar el núcleo de la reforma de la negociación colectiva en materia de ultraactividad, cláusula de descuelgue o carácter normativo, y no contractual, puede que sea el gran error de la reforma.
La mejor cara está en la definición tasada de las causas de despido objetivo, sobre todo la frase de que "se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión". Pero, a la vista de la experiencia, está por ver si la jurisprudencia de lo social va a atenerse al objetivo del legislador, que no es otro que los despidos colectivos por causas objetivas no se resuelvan con carácter generalizado como improcedentes de 45 días.
Si se quiere fomentar la contratación indefinida, parece razonable limitar el coste de su despido a 33 días, pero mejor hubiera sido un nivel menor para incitar a la contratación en un momento de crisis en el que, quiérase o no, cualquier contrato se hace con la duda de si se podrá mantener en el tiempo. De igual modo, esta figura debería servir para todos los colectivos sin excepción ninguna.
No está claro cómo va a quedar la asunción por el Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido o el nuevo fondo de capitalización, innovaciones que, si van acompañadas de aumento de cotizaciones, sobran. De hecho, si el Gobierno acepta que es bueno disminuir las cotizaciones sociales para favorecer el empleo de los menores de 30 años y los contratos de formación, ¿por qué no se plantea afrontar un recorte generalizado de las cotizaciones a la Seguridad Social de todos los nuevos contratos o, aún mejor, del conjunto de contratos?
En conclusión, hemos empezado a andar y a un ritmo muy lento en el camino de mejorar nuestro marco laboral. Esperemos que en el trámite parlamentario la cuestión progrese adecuadamente, porque lo cierto es que necesita mejorar. El hecho de que se opongan los sindicatos y convoquen una hipotética huelga general, no hace que sea una reforma de calado, sino que, más bien, confirma la disfunción de unos agentes sociales que, con la excusa del blindaje de unas regulaciones laborales cuanto menos trasnochadas, han olvidado que el principal derecho del trabajador debe ser la oportunidad de trabajar, privilegio que se le está negando a demasiada gente.
Gregorio Izquierdo Llanes, director del Servicio de Estudios del IEE. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED.