La reforma laboral presentada ayer por el Ejecutivo es insuficiente. No se ha atrevido con la negociación colectiva, malgastando la ocasión de abordar uno de los cambios más necesarios y flexibilizadores, el que puede minimizar ulteriores despidos.
El único avance es que rebaja el despido, generalizando el contrato de 33 días e introduciendo los 8 días a cargo del Fogasa. Pero no los rebaja para los que están despidiendo, ni toca la prestacion por desempleo ni elimina uno de los mayores lastres: la judicialización. Sobre todo por ser una incógnita cómo funcionará el arbitraje en los conflictos, lo que puede acabar en que la última palabra siga siendo la del juez.
El proyecto endurece la contratación temporal justo en una economía intensiva en sectores que usan esta figura. A cambio, no ofrece medidas concretas para las pymes y genera incertidumbre en torno a las causas objetivas de despido, que todavía deben verse ante los tribunales. La reforma laboral presentada ayer no es la que necesita una España ahogada por un paro al 20 por ciento.
Ni simplifica la compleja maraña de relaciones laborales, ni ofrece incentivos poderosos para la creación de empleo, lo que debería ser su meta central. Además, se desconoce su alcance final: al tramitarse como proyecto de ley, abre la puerta a juegos parlamentarios y futuros cambios, dilatando su implantación.
Ignorar sus extremos definitivos abunda en el clima de inseguridad a la hora de contratar, algo nada conveniente en una economía languideciente. España pinchó ayer en el fútbol y el Gobierno en la reforma. Desilusión española con el mercado como telespectador.
