Se está amenazando estos días con nuevas subidas de impuestos, cuando en la actual coyuntura, el subir los impuestos, sobre todo los directos, es meter más piedras y poner el freno de mano al ya de por si endeble y maltrecho carro de la recuperación.
La mal llamada tributación de los ricos, a través del gravamen progresivo de las rentas de capital, el ataque a las sicav o la resurrección del fallecido Impuesto sobre el Patrimonio, no es sino una fórmula demagógica y populista de denominar a la imposición del capital, tanto en su vertiente de ahorro como de inversión.
En un contexto de incertidumbres en el que se cuestiona hasta el propio euro para España, el incorporar gravosas y desorbitadas medidas de castigo tributario al capital desataría una imparable y masiva desbandada de capitales.
Si en España todavía queda algún rico es porque la coyuntura expansiva anterior hacía más llevaderas las cargas tributarias y el antiguo Impuesto sobre el Patrimonio, con muy buen criterio, dejaba exento su principal valor: los activos y participaciones empresariales. La prueba es que Francia, que es el único país europeo que todavía tiene su viejo gravamen de Patrimonio, pierde más de 3.000 grandes contribuyentes cada década, y eso que tiene el tope de que junto con Renta no se pague más del 50% de los ingresos.
Imposible gravar más a los más ricos
En la práctica, es imposible gravar efectivamente a los más acaudalados. Por un lado, porque son a los que más les compensan los costes de la defensa de deslocalizar su residencia o patrimonios y/o crear estructuras en jurisdicciones más acogedoras.
Por el otro, porque su mayor movilidad relativa les permite escaparse al exterior y/o repercutir su carga al trabajo, que es un factor mucho más atado a la localización, y que, como consecuencia, recibirá peores salarios -por la traslación de la carga impositiva- y/o sufrirá más desempleo -por la menor inversión-.
Es perverso seguir incrementando la tributación de las rentas del ahorro en general y de las variaciones patrimoniales en particular. No sólo porque en la práctica se están gravando rendimientos brutos y nominales y no netos y reales, sino también por el efecto cerrojo de atasco de la dinámica económica y el incentivo a no declarar las transacciones en su totalidad y utilizar dinero negro, tal y como era moneda común en España cuando las ganancias de capital tributaban a los tipos medio y marginal de cada contribuyente.
De partida, la conflictividad judicial está servida. La LOFCA prohíbe fijar tributos estatales sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas, como sucedería si se estableciera una nueva figura estatal sobre el patrimonio.
No es posible crear impuestos selectivos, que, como se ha amenazado, intenten castigar a un grupo concreto y limitado de contribuyentes. Tampoco se pueden plantear impuestos confiscatorios, tal y como estableció el Tribunal Constitucional alemán, cuando advirtió que la progresividad tenía como límite inquebrantable la confiscación, y entendía que ésta se producía cuando la carga de los impuestos superaba el 50%. Las vías de recurso no sólo serían españolas, sino también europeas e invocables ante los Tribunales Europeos de Justicia, en la medida que alterarán la esencia de derechos básicos como la igualdad, la propiedad o, en última instancia, la circulación de personas o capitales.
No penalizar el ahorro
Nuestra economía está especialmente afectada por la insuficiencia de ahorro, que es lo que explica a su vez tanto nuestro excesivo endeudamiento y déficit corriente, como que ambos se tengan que financiar con deuda frente al exterior, con el consiguiente aumento de nuestra vulnerabilidad.
El sobrecargar fiscalmente al ahorro es del todo irresponsable, ya que nuestra capacidad de crecimiento y de creación de empleo a futuro está condicionada por nuestras posibilidades de inversión, cuyo coste de capital y disponibilidad, incluso dentro de la eurozona, sigue estando vinculado a nuestros insuficientes niveles de ahorro, tal y como se ha observado en los dos últimos años de crisis.
No pueden venir más a cuento las palabras que dicen que un responsable de Hacienda dijo a su impetuoso segundo: "Recuerda de que los impuestos están para recaudar y no tanto para fastidiar". Esto es justo lo opuesto de lo que ahora equivocada y trasnochadamente se plantea, queriendo potenciar la imposición patrimonial, que es la que más distorsión o exceso de gravamen provoca en relación a los ingresos que logra allegar, con la consiguiente contracción de la oferta productiva y de nuestro potencial de crecimiento y creación de empleo a futuro.
Gregorio Izquierdo, director de Estudios del IEE y profesor titular de Economía Aplicada de la UNED.