Se agota el plazo para que el Gobierno acometa la reforma laboral, en medio del fuego cruzado de sindicatos y patronal. Por lo pronto, CEOE no va a firmar nada. Tampoco CCOO está por la labor, aunque UGT sí está dipuesta a aceptar un documento light con tal de evitar la huelga general.
El texto que se está negociando puede endurecer los criterios para la contratación temporal, algo nada conveniente para nuestra estructura productiva, que se apoya en sectores que recurren a esta figura.
Por otro, plantea generalizar el contrato indefinido con 33 días de despido, algo que, amén de complicar aún más el galimatías laboral, no consigue los fines que debe perseguir la redefinición del mercado de trabajo: la desjudicialización del despido y la desadministrativización de los ERE. Sin acuerdo con los agentes sociales, el Ejecutivo de Zapatero tendrá que cumplir su función, la de gobernar, lo que le brinda la ocasión idónea para acometer la reforma justa y necesaria, la que precisa la economía española y le demandan la UE y el FMI.
Si en tal tesitura sólo aplica parches o modificaciones descafeinadas, el desempleo y la incertidumbre seguirán creciendo. De hecho, esta última ya lo ha hecho: durante la negociación las empresas están reteniendo decisiones a la espera de lo que ocurra. El Gobierno se enfrenta al desafío de abordar una reforma real, la única que restituiría la confianza perdida. Una modificación de cortas miras será insuficiente para calmar a los mercados. Debe ser integral, flexibilizar y abordar la negociación colectiva. Sólo esa reforma abrirá la puerta al resto de las que debe acometer el Gobierno.
