Se acabó la fiesta consistorial. Para luchar contra la fiera del déficit, el Gobierno ha prohibido a los ayuntamientos acudir al crédito público o privado a largo plazo para financiar inversiones.
El Ejecutivo libra así a los ciudadanos de las obras desproporcionadas y megalómanas que hipotecan a los consistorios durante generaciones. Se ata corto el despilfarro de estas corporaciones, actualmente endeudadas en un total de 34.594 millones de euros, más del 3 por ciento del PIB.
Habrán de ajustar sus planes a horizones más razonables y acordes con la actual coyuntura. Hay que atajar esa cultura que lleva incluso a ver a los consistorios como proveedores de cursos y entrenamientos deportivos y cambiarla por una de austeridad que contemple el copago en los servicios públicos.
