Tras la sesión parlamentaria del miércoles 12 de mayo de 2010, donde se anunciaba la suspensión para 2011 de la revalorización de pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, el Pacto de Toledo , que sustenta el acuerdo político del modelo actual de pensiones públicas, sufría su primera grieta en forma de disminución de derechos para más de seis millones de personas, que durante los últimos 25 años han visto actualizar sus prestaciones por jubilación en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo.
Esta medida, que hasta ahora ha estado garantizada por ley, no será la única que se acometa sobre el modelo de pensiones públicas. Una vez abierta la caja de Pandora de las reformas estructurales, la revisión del actual sistema de pensiones es cuestión de meses, si no días. El calvario económico por el que lleva transitando España los dos últimos años, con un paro desbocado y un déficit del 11,2 por ciento provocará que el déficit de la Seguridad Social se adelante y, por tanto, agote antes el Fondo de Reserva. Para tratar de atajar esa disminución de los ingresos y aumento de los gastos de la jubilación, la revisión del actual sistema de pensiones pasará en breve de ser una hipótesis de estudio para convertirse en una realidad, lo que significará el retraso en la edad de jubilación y el endurecimiento, al ampliar el número de años, del cálculo de la pensión. Es decir, cobrar menos pensión pública y hacerlo durante menos tiempo. En definitiva, empobrecer a los pensionistas presentes y futuros.
Que hay que reconsiderar las bases actuales del Estado de Bienestar español parece fuera de toda duda. Que el modelo actual debe replantearse para hacerlo viable a medio plazo, también. Pero quizá, además, debiéramos plantearnos si tiene sentido que se retrase la edad de jubilación más allá de los 65 años, cuando en España casi la mitad de los trabajadores son empujados a dejar la vida laboral antes de cumplir los 64 años, o cuando para otros muchos lo complicado es llegar a la edad de jubilación con empleo. Parecería más lógico tratar de acometer las reformas estructurales necesarias que amplíen la base de trabajadores que cotizan por el mínimo, reduciendo de esa manera el tremendo desempleo que afecta a los jóvenes. Pero probablemente ni aún así se conseguiría solucionar a medio plazo la financiación de las pensiones de una población cada vez más envejecida y con mayores costes de dependencia.
Quizá haya llegado el momento de plantearse que el alargamiento de la esperanza de vida de la población y los costes que ello conlleva nos plantean retos que exigen nuevas respuestas y, probablemente, nuevos modelos de pensiones que no descansen sobre estructuras piramidales como es el modelo de reparto. Ello significa pensar en el largo plazo y construir un sistema de pensiones suficiente para cubrir las jubilaciones presentes y futuras, que funcione como principal sistema de redistribución de riqueza, transfiriendo recursos presentes de los trabajadores al ahorro para materializarlos en el futuro. Esfuerzo que debe ser premiado desde el punto de vista fiscal, diferenciando en la tributación de las prestaciones el capital de los rendimientos obtenidos, aplicándose a éstos el tipo correspondiente a los rendimientos de capital frente a los del trabajo.
Esquemas que tratan de afrontar ese problema ya han sido incorporados en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Suecia, donde cada ciudadano sueco en activo, además de cotizar de acuerdo con el sistema de reparto vigente con un 16,5 por ciento de sus ingresos, tiene que dedicar un porcentaje de sus ingresos a un seguro privado de capitalización, un 2 por ciento restante, en el que concretamente el 50 por ciento de la cuota lo ingresa el trabajador y el restante 50 por ciento es aportado por la empresa.
Una vez constatada por nuestros gobernantes, probablemente tarde, la amenaza para la sostenibilidad del actual sistema de pensiones como real y cercana, y elegido, involuntariamente y forzado por los acontecimientos, el momento de acometer esa reforma de la Seguridad Social, se plantea la disyuntiva de si las medidas que se tomarán significarán, como se prevé, un empobrecimiento de los pensionistas presentes y futuros, o si, de verdad, se afrontará una necesaria reconsideración de todo el modelo de pensiones públicas, asentado actualmente sobre un Pacto de Toledo en peligro de derrumbe.
Rocío Gallego, profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
