El Gobierno ha anunciado una serie de medidas encaminadas a reducir los costes y, supuestamente, mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios públicos. Estas medidas se implementarán a través de planes de austeridad, que deben plasmar las acciones a llevar a cabo para racionalizar los costes y mejorar la competitividad. En definitiva, aplicar las medidas que el sector privado ha puesto en marcha hace más de un año.
Dentro de nuestro amplio repertorio de refranes, se podría aplicar aquel que dice: "Nunca es tarde si la dicha es buena". Esperamos que así sea, y digo esto porque las medidas que hay que tomar para reducir el gasto público no deben consistir únicamente en reducir la masa salarial, a base de eliminar cargos directivos y bajar el sueldo de los funcionarios.
Evaluación del funcionariado
El gran reto de la Administración Pública consiste en conseguir que sus procesos funcionen adecuadamente. La mayoría de las organizaciones en las administraciones públicas se han quedado obsoletas, ya que no se han adaptado a los cambios normativos, ni al desempeño actual de sus actividades.
Desgraciadamente, existen muy pocas entidades públicas que cuenten con programas de evaluación del desempeño para sus plantillas y, por tanto, muy difícilmente se podrá medir la mejora de su eficiencia.
Como aspecto positivo, que alguno hay, destacaría por ejemplo la gestión electrónica de documentos que realiza la Agencia Tributaria. Su labor se puede considerar como muy eficiente y altamente automatizada (nos preparan la declaración de la renta, unifican todos nuestros ingresos, recopilan la información de los bancos, nuestras donaciones, etcétera), por tanto, no sólo son eficientes, sino que además cumplen con su labor de servicio a la ciudadanía. La pregunta inmediata es: ¿por qué existen servicios públicos sumamente eficientes y otros que no lo son?
En cualquier empresa es muy importante saber distinguir entre dónde hay que ahorrar y dónde se debe seguir invirtiendo, de lo contrario se corre el riesgo de quedarse obsoleto o de trabajar con unos procesos que terminan siendo poco competitivos dentro del entorno en el que se opera. Lo mismo ocurre en el sector público.
Hacia la eficiencia
Hay que racionalizar el gasto, pero de una forma inteligente. Se deben modernizar y automatizar muchas de las actividades que se realizan. La gestión electrónica de documentos no sólo mejora la eficiencia, sino que además colabora con los programas de sostenibilidad medioambiental. La época de las copias compulsadas y sellos diversos en los documentos oficiales debe ser reemplazada por los certificados y firmas digitales. La administración pública tiene que seguir mejorando en este sentido, y podría perfectamente aplicar las técnicas de benchmark internamente entre diversas entidades del mismo ámbito.
No existe una fórmula única y segura para ahorrar gastos, pero si existen una serie de metodologías probadas que funcionan. Lo importante es actuar de una forma planificada y no por impulsos. La Administración debe revisar cuáles de sus gastos son aquellos que se pueden controlar sin producir mermas en los servicios a los ciudadanos (seguro que hay unos cuantos y que pasarían totalmente inadvertidos), cuáles pueden ser externalizados (mejorando el servicio y ahorrando costes de forma simultánea) y en cuáles hay que acometer una revisión profunda de la operativa llevada a cabo hasta ahora para rediseñarlos.
Obviamente, todo esto no es fácil. Supone recolocar personas, formarlas en nuevas actividades, cambiarles sus rutinas de trabajo (que algunas son históricas), pero lo que si se puede asegurar es que estas técnicas funcionan. Sólo queda decidir quién le pone el cascabel al gato.
Pedro Arizmendi Carlín, socio de Ernst & Young.
