La economía española no ha salido de la recesión. No sólo sería prematuro dar por finalizado el proceso recesivo con un anémico crecimiento, el 0,1 por 100, en los tres primeros meses de 2010 sino, desde un punto de vista técnico, son necesarios dos trimestres consecutivos, para certificar una situación de esa naturaleza.
Por añadidura es probable, ya lo verán,que el PIB vuelva a contraerse en el segundo trimestre de este año. Así pues convendría ser prudente antes de anunciar a bombo y platillo el final de la crisis que, aunque así fuese, no se verán continuado por una intensa recuperación de la actividad y del empleo, sino por un largo período de estancamiento con posibilidades de recaída en la recesión si algunos peligros latentes se materializan como sucederá con casi toda seguridad.
En este ambiente, la Unión Europea ha dado un coyuntural balón de oxígeno al gobierno socialista. El anuncio de la creación de un fondo de 750 millardos de euros para conjurar la hipotética suspensión de pagos de un país de la Eurozona calmó temporalmente la espiral bajista de los mercados y dio un respiro a los PIGGs, sobre todo a Portugal y España, que parecían condenados a unirse con rapidez al coro de la tragedia griega.
Sin embargo, este escenario es un simple interregno en la dinámica estabilizadora, que no desestabilizadora, de los mercados. Habló de la fuerza estabilizadora en tanto no están dispuestos a sostener economías que no han hecho sus deberes y están en una posición financiera insostenible. Ellas y solo ellas son las responsables de la situación por la que atraviesa la Eurozona.
¿Por qué no se han terminado los problemas?
De entrada, el plan de austeridad fiscal diseñado por el gobierno Papandreu es inviable o, para ser más exactos, de dudosa viabilidad incluso con la recepción de un soporte financiero muy elevado como el suministrado a Grecia. La razón es muy sencilla: no contienen medidas que sean capaces de estimular el crecimiento y mejorar la competitividad de la economía helena.
En este contexto, el recorte del gasto público puede tener efectos contractivos duraderos en tanto no se verá sustituido por el aumento del gasto y de la inversión privada. El resultado es una severa contracción del PIB y una etapa posterior de crecimiento débil durante el cual será muy complicado estabilizar la ratio Deuda/PIB. Eso sin contar con las graves tensiones políticas y sociales que azotan Grecia.
Desde esa perspectiva, Grecia puede necesitar ayudas financieras masivas durante mucho más tiempo del que hoy se prevé o de lo contrario se verá condenada a acometer un proceso de reestructuración de la deuda, esto es, una default pactada con sus acreedores. Esta opción tiene serias probabilidades de convertirse en una realidad a medida que la crisis económica, financiera y fiscal griega se enquiste y se convierta en un hecho irreversible.
Este escenario sólo podría conjurarse con la entrada de Grecia en la UVI de la asistencia financiera internacional por tiempo indefinido, hipótesis de muy difícil cumplimiento. ¿Aceptarán los contribuyentes alemanes un escenario de esta naturaleza? ¿Resistirá Merkel a esa presión cuyos primeros resultados han sido una derrota en Renania del Norte-Westfalia? La respuesta parece evidente?
El caso español
El panorama no es muy distinto para España. Si el gobierno se embarcase en un programa de consolidación fiscal exitoso, a la vista de la experiencia de los últimos treinta años, debería no sólo realizar un recorte de los desembolsos del sector público mucho más voluminoso que el planteado hasta el momento y en un plazo temporal más corto, sino tan importante como la cuantía de los recortes son las partidas sobre las que se aplican.
La evidencia empírica muestra que los ajustes fiscales que han funcionado se han centrado en tres capítulos de gasto fundamentales: salarios de los funcionarias, transferencias y gasto social. Si se actúa en ese frente la contracción fiscal produce efectos expansivos sobre la economía. Se liberan recursos financieros para las familias y las empresas y, a la vez, las expectativas de que la carga tributaria futura será menos porque también lo será el endeudamiento público incentivan el gasto y la inversión privada.
Esto es muy cierto pero resulta insuficiente en presencia de un funcionamiento anormal del mercado crediticio. Esta es la situación de España. Las entidades financieras sometidas a un deterioro muy sustancial de sus balances y con perspectivas de que esa situación se mantenga han reducido de manera sensible su oferta de liquidez a los agentes económicos privados.
Si además, la oferta de liquidez externa a la economía española se va a centrar en la financiación del agujero del sector público. Esto debilita la potencia estimulante del recorte del binomio gasto/déficit aun en el hipotético caso, lo que no sucede, que el gabinete socialista instrumentase un ajuste de manual, es decir, centrado en los programas de gasto anteriormente comentados (ver Alesina A. and Ardagna S., Tales of Fiscal Adjustments, NBER, 1998).
Impulsar el crecimiento
En esta tesitura, la economía española necesita crecer. No puede hacerlo con el descomunal endeudamiento del sector público pero tampoco sólo con su reducción. Para ello es básico introducir una agresiva terapia liberalizadora que estimule el crecimiento.
Este es el único camino transitable para que España resuelva sus problemas de solvencia y el plan de estabilización fiscal resulte creíble. En otras palabras, la austeridad presupuestaria, por si sola, no es un bálsamo de Fierabrás capaz de sacar al país de la crisis. La cuestión es que el gabinete socialista tiene una incapacidad patológica para aplicar la medicina que necesita la economía española.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
