Desde que la caída de la demanda y la sequía de financiación empezaron a estrangular a las pymes, el Ejecutivo se afanó en erigir al ICO en el Samur de las empresas, y en convertirlo en un organismo del que fluyeran sin parar créditos y avales.
Se ha forzado la máquina hasta hacer inviable que mastique todo lo que ha de tragar. Aparte de la sobrecarga, inviable de asumir con sus recursos, se la ha abocado a duplicar su morosidad en tan sólo un año, hasta los 1.500 millones de retrasos en el pago.
Hoy se cierra el plazo para que las entidades bancarias presenten sus ofertas para gestionar la línea para pymes y autónomos que estará lista previsiblemente en junio y que puede suponerle unos 1.000 millones en pérdidas. El Gobierno persiste en sobreexponer al riesgo a una entidad que ya está pasada de vueltas.
