El primer ministro griego, George Papandreu, se atrevió a desafíar durante la semana pasada al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Unión Europea (UE) con que no haría más ajustes en su país. Sin embargo, el jueves por la tarde anunció el mayor plan de austeridad jamás conocido por los griegos, que incluye una subida del IVA hasta el 25 por ciento y un recorte drástico de gasto público y de la nómina de los funcionarios. El motivo, lo conocen ustedes, la víspera, la agencia de calificación Standard & Poor's había degradado la calificación de su deuda a la categoría de bono basura.
Ago similar ocurrió con el primer ministro portugués, José Sócrates, nada más conocerse que S&P reducía la valoración de su endeudamiento. En España, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, salió en el Telediario, tras conocerse el recorte del rating, para "tranquilizar" a la población y explicar que el impacto sería "limitado". "El Gobierno de España -vino a decir Salgado- ha puesto ya en marcha las medidas necesarias para corregir estos desequilibrios". O sea, que no tenemos problema alguno.
Es cierto que el recorte de España no tiene que ver con el de los otros dos países, y está muy alejado de Grecia. Los analista de S&P, que habían trasladado dos días antes su decisión al Ejecutivo de Zapatero y la dieron a conocer con los mercados de valores prácticamente cerrados, se preocuparon, además, de aclarar públicamente que "no había riesgo de impago".
Pero Salgado tiene un problema grave, que no reconoce: ha perdido la credibilidad, igual que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Qué motivos va a tener un ciudadano corriente y moliente para confiar en su palabra si no han hecho más que incumplirla.
Primero dijeron que no había problemas de deuda, porque estaba muy por debajo de la media Europea. Sin embargo, S&P nos ha reducido la nota en dos ocasiones. De matrícula de honor a notable, según ellos. ¿Cuánto tardarán en seguir sus pasos la otras agencias, Moody's o Fitch?
También dijeron que el paro jamás alcanzaría el 20 por ciento. Pero se han equivocado. Prometieron un presupuesto austero, que han incumplido. El gasto corriente crece el triple de la inflación y la evolución del sueldo de los funcionarios más que la duplica. El plan presentado ayer es de risa, ya que el impacto presupuestario es ridículo. Del gasto social, mejor ni hablamos, porque está desbocado.
Sobre el acuerdo de reforma laboral, llevamos más de dos años en ello. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, amenazó esta semana por primera vez con tomar la decisión por decreto. ¿Ha necesitado tanto tiempo en darse cuenta que si no lo hace, será imposible consensuar medidas serias?
No me explico cómo se sorprende Salgado y su ayuda de cámara, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, del recorte de la calificación. Nadie en su sano juicio confiaría en ellos. La deuda pública se ha duplicado en esta legislatura, hemos pasado de un superávit del 3 por ciento a un déficit superior al 11 por ciento, ingresamos aproximadamente el doble de lo que gastamos y no se ven medidas correctoras.
El desconcierto es tal que en Economía los que quieren marcharse son legión. Salgado está atada de pies y manos. No toma un decisión, que no provenga de la Oficina Económica de la Moncloa o del propio Zapatero. Su papel se asemeja más al de un títere de Molière que al de una ministra.
No me extraña que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el de Economía, Manuel Campa, estén a la espera de que concluya la presidencia europea para hacer las maletas. El último episodio es el del director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, quien fue despedido esta semana por desobedecer las órdenes de Salgado para maquillar las devoluciones del mes de marzo. Pedroche se negó, harto de ver tanto disparate a su alrededor. ¡Enhorabuena! Aún quedan funcionarios honrados. Márchese señora Salgado, nos haría un favor a todos, y también a su dignidad.
Amador G. Ayora, director de elEconomista.
