De nuevo, el bombo y platillo del Gobierno se queda en mero ruido. El plan de austeridad que hoy aprueba eliminará 14 empresas públicas y recortará altos cargos. Un exiguo ajuste para las dificultades que padece y encara nuestra economía y, desde luego, sólo un granito de arena en la meta de reducir 50.000 millones de gasto hasta 2013. Incluso fuentes gubernamentales admiten que no se espera un impacto significativo.
No se toca a los funcionarios ni sus retribuciones, ni se crea una pauta de reducción del gasto corriente. Ante una merma de rating, con la presión de los mercados sobre España y un déficit creciente, seguir eludiendo un ajuste fiscal creíble y de envergadura proporcional a la gravedad de la coyuntura supone un lujo de irresponsabilidad que el Ejecutivo de Zapatero no debería consentirse.
