Mientras el Gobierno sigue inmerso en el diálogo social, el juego aislado de los agentes sociales se muestra algo más capaz de adaptarse a la crisis. Al menos, así ha pasado en los convenios pactados hasta marzo, en los que se ha fijado un aumento salarial medio del 0,8 por ciento en los nuevos y del 1,38 por ciento en los revisados; y un promedio de 9 horas de trabajo más al año.
Esta moderación saludable queda lejos, no obstante, de la flexibilidad necesaria para hacer frente a la coyuntura. Para lograrla, es necesaria una reforma de la negociación colectiva que favorezca ajustes en salarios, horarios y condiciones de trabajo antes que en el número de trabajadores. Y de esto deben tomar en el rígido sector público, que pretende continuar ajeno al temporal.