La obligación de asumir principios de buen gobierno corporativo en las organizaciones ha constituido una tendencia creciente en los últimos años. Esta ola de buen gobierno ha llegado también al ámbito tributario. En el año 2006, a través de la Declaración de Seúl, una gran parte de las Administraciones tributarias de la OCDE (entre ellas, la española), se comprometieron a fomentar la aplicación de directrices sobre buen Gobierno corporativo en el área tributaria, así como a crear las bases de un marco de colaboración entre la Administración tributaria y los contribuyentes que redundara en una mayor seguridad jurídica y transparencia. Algunos países ya han tomado medidas para redefinir las reglas del juego sobre la base de estos principios, como es el caso del Reino Unido, Australia, China, Países Bajos, Francia, Canadá, EEUU, etc. En Reino Unido, por ejemplo, la Administración ha propuesto la formalización de un Código de buenas prácticas tributarias para los bancos. Algunas multinacionales no pertenecientes al sector financiero se han adelantado, y han incluso publicado su propio código de buenas prácticas tributarias en su página web. En España, en concreto, la Administración tributaria española ha empezado a impulsar estos nuevos principios a través de la constitución del Foro de Grandes Empresas. En el seno de éste se está gestando un Código de Buenas Prácticas Tributarias, que será aplicable tanto a los contribuyentes como a la propia Administración. Así, a cambio de una mayor transparencia y cooperación por parte de los contribuyentes, la Administración se comprometerá a una mayor transparencia y seguridad jurídica a la hora de interpretar las normas, y hasta garantizará que el criterio aplicado en las inspecciones sea aquel que más favorezca el ejercicio de los derechos de los contribuyentes. Una auténtica novedad, tal y como están las cosas. Eso sí, a cambio las empresas deberán comprometerse a informar a sus Consejos de Administración de las cuestiones fiscales relevantes. Otro cambio de mentalidad importante si se tiene en cuenta un reciente estudio elaborado por KPMG en 20 países de la OCDE, en el cual España se sitúa a la cola en cuanto al nivel de reporting centralizado de los aspectos fiscales.
Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.
