El Gobierno ha marcado al Instituto de Crédito Oficial un exigente objetivo de concesión de créditos para 2010: 44.000 millones, cinco veces el volumen de 2007. En su afán por paliar la falta de financiación de las pymes, fuerza una maquinaria que no da más de sí. Tanto en medios técnicos como humanos, el ICO está sobrepasado.
Ni puede con tal volumen, ni con el análisis de riesgos que ahora le piden hacer, lo que puede convertir la concesión en una barra libre y atraer una proliferación de impagados que, en última instancia, agrandarán el agujero de las cuentas del Estado.
El Ejecutivo aprieta al ICO cuando éste ya se mueve en cifras que amenazan con desbordar su capacidad de endeudamiento fijada en los Presupuestos. Se intenta que el ICO llegue adonde no puede el gasto del Gobierno. Un despropósito.
