El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió el pasado 22 de marzo con el objetivo de buscar un pacto sobre sostenibilidad de las finanzas públicas, en torno al que el Gobierno central había generado muchas expectativas. Los resultados no pudieron ser más decepcionantes.
El Ministerio de Economía y Hacienda presentó al Consejo un documento cerrado al que las comunidades autónomas no podíamos realizar aportaciones. Con ello, el Gobierno dejó claro una vez más que sólo sabe pedir adhesiones, en lugar de buscar un auténtico consenso y avanzar en la coordinación entre las administraciones.
Además de cerrada, la propuesta era genérica, sin medida alguna para lograr el objetivo de austeridad al que decía que iba a contribuir. Todo ello llevó a que negáramos nuestro apoyo al documento.
La reunión terminó aplazando, cuando menos hasta junio, la puesta en marcha de medidas efectivas de contención del gasto público. El pretexto para este retraso no puede ser más débil: es preciso constituir un grupo de trabajo que estudie los gastos de las comunidades autónomas, algo a todas luces innecesario porque los gobiernos autonómicos, como es natural, tenemos analizados pormenorizadamente todos los gastos e identificados los riesgos de sostenibilidad de nuestras finanzas.
Gobierno responsable
Además, sobre estas mismas cuestiones, el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido escenario de numerosos debates e incluso ha analizado detalladamente el gasto sanitario, el de más peso en el conjunto del gasto de las comunidades.
No podemos distraernos con la constitución de grupos de trabajo como ése. Lo que toca ahora, y es urgente, es impulsar aquellas medidas que exigen coordinación entre las autonomías y con el Gobierno central, en cuya órbita competencial recae un buen número de decisiones que influyen de forma determinante en los presupuestos de gasto de las autonomías.
Un ejemplo: es obvia la incidencia en nuestras cuentas de la normativa básica del Gobierno central sobre dependencia, educación o sanidad, así como en materia de retribuciones de los empleados públicos.
Curiosamente tuvimos que recordarle a la ministra de Economía y Hacienda esa parte esencial de responsabilidad, y la imposibilidad de reducir el gasto autonómico al nivel que se requiere si el Gobierno central no ejerce sus potestades normativas en la dirección adecuada. Esto llevó a que a la propuesta del Gobierno se le tuviera que incorporar una adenda que deja clara su gran responsabilidad en esta cuestión. Fue la única aportación de las comunidades autónomas que aceptó incorporar la ministra de Economía y Hacienda.
Las CCAA hacen los deberes
En esa misma reunión quedó patente que las autonomías estamos ya en el camino de la austeridad, elaborando y aplicando planes de reequilibrio de nuestras finanzas. Nueve de estos planes, entre ellos el de Castilla y León, fueron declarados idóneos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con su correcta aplicación, el déficit de las comunidades autónomas se irá reduciendo hasta el año 2012, en la línea de la senda de estabilidad aprobada.
Ahora bien, para garantizar el éxito de estos planes de reequilibrio sería conveniente que las comunidades autónomas recibamos del Gobierno central más, mejor y puntual información sobre la evolución y aplicación del sistema de financiación. Un error de bulto en los ingresos estimados -hay que recordar que el Ministerio de Economía presupuestó en 2009 el 25% más de ingresos por impuestos de lo que finalmente recaudó- o recortes injustificados de las cantidades asignadas contribuirán a que los planes de reequilibrio se conviertan en papel mojado. Debemos alcanzar ya los acuerdos que permitan aplicar las medidas que más ayuden a contener los gastos.
Cuando antes lo hagamos, antes podremos asegurar a los ciudadanos que el futuro del Estado de Bienestar está garantizado.
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León.
