El Gobierno ha encontrado una forma de echar un cable a las inmobiliarias e, indirectamente, al sector financiero. Ha concedido una prórroga hasta 2011 para que no se aplique todavía una norma por la que había que valorar a precio rústico en los libros un suelo que era urbanizable, pero que no había obtenido la calificación de urbano, esto es, cuando ya tiene todos los permisos necesarios.
Como el proceso tarda años y muchos están sentados sobre terrenos en los que ya no pueden construir, el Ejecutivo les ha concedido un plazo para mantener artificialmente el valor y no reconocer pérdidas. Aparte de que el hecho de distinguir entre suelo rústico, urbanizable y urbano sea un disparate, volvemos al tipo de medidas que esperan que habrá una mejora en un par de años sin admitir cuál es la situación.
