Nuestra normativa mercantil establece que los administradores de una sociedad responderán frente a la misma, sus accionistas y sus acreedores sociales, por el daño que causen por actos contrarios a la Ley, o por los realizados sin la diligencia con la que deban desempeñar su cargo. Este deber de diligencia exige el conocimiento en profundidad de las obligaciones impuestas a la sociedad, así como el necesario impulso de controles internos adecuados dentro de la organización. A pesar de ello, los Consejos de Administración de algunas entidades (incluso con un tamaño y complejidad notable) han venido prácticamente ignorando las cuestiones fiscales relevantes de su empresa. Al fin y al cabo, el Departamento de Administración o el Fiscal ya se ocupan de esta área.
Pues bien, los administradores que no se hayan preocupado demasiado hasta ahora de conocer los asuntos tributarios de su organización, probablemente lo empezarán a hacer.
Y ello por varios motivos. En primer lugar, porque la propia OCDE está liderando una cruzada para que las Administraciones tributarias fomenten, entre la alta dirección de las grandes empresas, un mayor interés y responsabilidad respecto de sus estrategias de planificación fiscal. Fruto de esta iniciativa es la reciente constitución del Foro de Grandes Empresas, promovido por nuestra Agencia Tributaria con objeto de comprometer a los Consejos de Administración en la adopción de buenas prácticas tributarias.
En segundo lugar, porque la doctrina administrativa y los criterios emanados de nuestros tribunales son cada vez más restrictivos a la hora de enjuiciar qué opciones tributarias son legítimas.
En tercer lugar, porque la disparidad de criterios que a veces existe entre los propios órganos de la Agencia Tributaria no favorece precisamente la seguridad jurídica.
Y, por último, por las actas tributarias que se está extendiendo últimamente en algunas empresas, por razones más que discutibles, y que van acompañadas de una denuncia a los administradores de la sociedad por delito fiscal. Algunos consejeros de empresas multinacionales conocen ya bien cómo se las gasta nuestra Inspección.
Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG.
