Con toda la literatura y el debate político vertido en torno al sistema público de pensiones, no queda ya ninguna duda de que, si no se adoptan medidas, en unos años será insostenible.
La creciente esperanza de vida, la evolución demográfica y de la población activa presentan un horizonte en el que cada vez habrá más beneficiarios por cada afiliado a la Seguridad Social o, lo que es lo mismo, menos afiliados por cada pensionista. Por fuerza, sin reformas el sino de nuestro sistema es empezar a presentar déficit estructural poco después de 2020.
Al margen de esa realidad, que obliga a replantear su configuración, existe otra que complica la supervivencia del sistema doblemente: de momento cobramos más de lo que cotizamos. Según un concienzudo estudio de Analistas Financieros Internacionales, en el Régimen General el balance del sistema público es positivo para los cotizantes, que obtienen de la prestación pública más rentabilidad que con activos a largo plazo de bajo riesgo. Es decir, el incentivo para buscar una capitalización privada es bajo, amén de revelarse que sobre nuestro sistema no sólo se cierne el peligro exógeno del paso del tiempo, sino el endógeno de estar deficientemente equilibrado en términos de supervivencia financiera.
Tanto para atajar la deriva hacia un colapso, como para equilibrar su propio desajuste es preciso que el Gobierno no se demore en retrasar la edad de jubilación, que se eleve el periodo de cotización, las aportaciones, o se incentive fiscalmente la aportación particular a sistemas privados. Si no, el futuro está servido y es la insuficiencia financiera del sistema.
