El Gobierno recortará las transferencias a las empresas públicas un 36 por ciento entre 2011 y 2013. La medida se engloba en la estrategia de reestructuración del gasto que acomete el Ejecutivo y revela su apremio para llegar a 2013 con los números rojos lo menos abultados posible. Ha de acelerar la reducción de gastos antes de ese ejercicio, en el que por mandato europeo debe reconducir el déficit al 3 por ciento del PIB.
No puede desatender ningún recoveco de su estructura, aunque esta actuación sobre las empresas públicas frenará algunas inversiones y complicará los problemas planteados por la financiación de la deuda de estas entidades, que en el ámbito estatal llega a los 25.000 millones de euros. El Gobierno debió atender a los que pidieron prudencia a priori para evitar drásticos recortes a posteriori.
