El déficit de 2009, superior al 11 por ciento del PIB, obliga a que todas las administraciones adopten medidas para su reducción. La UE exige reconducir el saldo negativo al 3 por ciento antes de 2013, fecha que está a la vuelta de la esquina. El tiempo apremia, pero faltan cinco autonomías -Cataluña, Baleares, Valencia, Canarias y Andalucía- por presentar su plan de reequilibrio y hay demasiadas disensiones en torno al papel del Ejecutivo en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El llamamiento a la austeridad era obvio y asumido por todos, pero muchas CCAA denuncian la falta de propuestas concretas por parte del Gobierno. Cada autonomía emprende su propia lucha para lograr un ajuste de cinturón por un total de 10.000 millones en los próximos tres años. Llamativo es el caso catalán, con el mayor desequilibrio, y sin haber presentado todavía plan alguno. En sentido opuesto, destaca Madrid, ejemplo vivo de cómo ahorrar aun bajando los impuestos. Mientras, cada una enarbola su batalla, con medidas que se antojan insuficientes para el fin pretendido. Sobre todo en unas administraciones autonómicas caracterizadas por sus voluminosos gastos, muchos superfluos o duplicados.
Las medidas hasta hoy conocidas se concretan en alguna subida impositiva o parones en las inversiones -nada convenientes en coyuntura de crisis- y en gestos centrados en la plantilla de funcionarios, los sueldos de altos cargos y la reducción de consejerías. Pero dada la magnitud del agujero del déficit, el sacrificio ha de ser mayor y los planes más severos. La fiera del déficit es demasiado grande para tan pobres armas.
