Las compañías Marva y Concord trabajaron para la Presidencia española de la UE sin contrato previo. Su misión era organizar respectivamente dos reuniones ministeriales, cuyo importe total rebasaba el millón de euros. Si bien la Ley de Contratos del Sector Público admite la ejecución anterior a la formalización del contrato, no parece que éstos se hayan efectuado con la mayor ortodoxia.
España ha tenido cuatro años para preparar su semestre europeo. O el Gobierno ignora la ley o se planifica muy mal. En cualquier caso, la responsable, la vicepresidenta De la Vega, debe dar explicaciones. Y el Tribunal de Cuentas debe examinar estas operaciones. Debe despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que estos procedimientos tan poco usuales se aprovecharan para favorecer a empresarios concretos.
