El último proyecto de ley del senador Chris Dodd para arreglar el sistema financiero es un fracaso más. Tras meses de negociación, ha desarrollado una supuesta reforma del sistema regulador que no aborda las causas de la crisis que por poco destruye el sistema bancario de Estados Unidos.
¿Qué tiene de malo el nuevo intento? El defecto principal es que continúa con los rescates como política federal, pese a su promesa de poner fin al demasiado grande para quebrar. Según el proyecto de ley, los bonistas podrán ser y seguramente serán rescatados. Y éstos suelen ser el 90% de la financiación de una entidad, por lo que protegerla contra la pérdida suprime cualquier disciplina en este tipo de empresa.
Aunque los accionistas y directivos pueden verse afectados, Dodd evidentemente defenderá que los acreedores incurran en pérdidas, pero incluso una lectura fortuita de las diferentes excepciones que contempla (páginas 188 y 189 del documento) indica que la deuda será rescatada en la mayoría de los casos.
Libertad para rescatar o no
Un proyecto de ley que en el fondo proclame no más rescates salvo en las condiciones A, B, C y D no es un proyecto de ley que acabe con los rescates. Incluso la afirmación de Dodd de cerrar empresas está salpicada de agujeros. En la página 15, el proyecto de ley dice claramente que el FDIC puede liquidar una empresa en quiebra. Es decir, puede que decida no hacerlo.
En resumidas cuentas, el proyecto de ley no vería el cierre de empresas en quiebra en la próxima crisis, sino que produciría rescates ad hoc como en 2008.
Para funcionar correctamente, los mercados de capital necesitan seguridad respecto a la respuesta del Gobierno en situaciones de crisis. Este documento no ofrece esa claridad, sino que delega masivamente los poderes, permitiendo que los organismos reguladores decidan a quién se rescata y a quién no.
Dodd ha censurado la avaricia de Wall Street, pero su proyecto de ley es un triunfo para la supervisión de la situación actual. Su agencia propuesta de protección del consumidor carecería de autoridad alguna sobre Wall Street, dejando la supervisión en gran parte a la (fracasada) SEC.
Monopolio vivo de agencias de calificación
Desde luego, las disposiciones que Dodd vende como anti Wall Street se dirigen, en realidad, a los prestamistas no bancarios, que no tuvieron nada que ver con la crisis.
Incluso en los puntos donde Dodd identifica correctamente errores, da puntapiés como mucho. El mejor ejemplo tal vez sea el sistema de índices crediticios, cuyos defectos colosales llegaron a permitir la crisis de 2008. En lugar de acabar con el monopolio de las agencias de calificación avaladas por el Gobierno, Dodd se limita a decir que la oficina contable del Gobierno estudiará el caso.
Sin embargo, está encantando echándoles un hueso a los abogados, exponiendo a estas agencias de rating a demandas colectivas. Lo que necesitamos son agencias que desafíen la opinión convencional y no que se sumen al consenso para disminuir su riesgo de litigios.
Pese a todos los nuevos poderes y discreciones que el proyecto de ley concede a los organismos reguladores bancarios, sigue permitiendo que esos mismos organismos subcontraten muchos de sus empleos a las agencias de calificación.
Sin cambios
Tal vez, los mayores pecados de Dodd sean de omisión. El proyecto no aborda en ningún lugar la práctica real que provocó la crisis: permitir la contratación generalizada de hipotecas a individuos con poco o ningún capital. Se mantienen los mismos incentivos federales a compradores de viviendas para que traten nuestros mercados inmobiliarios como un casino.
La única mención de Fannie Mae y Freddie Mac sirve para continuar con su trato de favor. En particular, los bancos pueden seguir gestionando operaciones comerciales con títulos de Fannie y Freddie, aunque esa práctica fue responsable de muchas de las pérdidas catastróficas de Bear Stearns.
El público americano tiene muchos motivos para enfadarse, pero la chispa de la ira fueron los rescates bancarios. Sin embargo, el proyecto de ley de Dodd convierte los rescates en política permanente. No aportaría estabilidad a nuestro sistema financiero, sino que seguiría erosionando la disciplina de mercado mientras nos pide a todos que confiemos en los mismos organismos reguladores que han fracasado repetidamente.
Mark A. Calabria, director de estudios de regulación financiera del Instituto Cato.
