Desde que el Gobierno anunció la elevación del IVA a partir de julio, no han cesado las críticas. Los expertos advierten de los nocivos efectos que su aplicación aislada tendrá sobre el consumo y, por tanto, sobre las empresas y el empleo, salvo que se acompañe de otras actuaciones, como la bajada de cotizaciones.
Subir el IVA no garantiza una mayor recaudación en tanto no se dé una reactivación en las operaciones que grava. Ya se elevó a comienzos de los noventa y la recaudación cayó un 11 por ciento. Sin visos, pues, de que se materialicen esos efectos que vende el Ejecutivo -ni siquiera el que tanto le apremia de elevar sus ingresos-, no supondrá más que un nuevo obstáculo para la recuperación salvo que se compense con medidas que aligeren el coste del empleo para el empresario.
La disyuntiva está en si el alza se trasladará a precios o a márgenes. Reconocidas compañías ya han anunciado que asumirán el impacto en sus resultados para no trasladarla a los castigados bolsillos del consumidor y conjurar, de paso, el riesgo de perder ventas. Sólo las grandes se lo pueden permitir, no las pymes y autónomos.
Por eso protestan distintos sectores pidiendo excepciones a la subida o retrasos en su implantación. Pero las salvedades son inadmisibles y alteran las reglas de juego del mercado. De hecho, Bruselas no permite distinciones sectoriales. En vez de generar distorsiones, y dado el escaso éxito del Gobierno a la hora de recortar gasto, la única vía que le queda al alza del IVA es ser aplicada sin exclusiones sectoriales y acompañada de una reducción de la factura de cotizaciones sociales que alienten nuestra competitividad.
