El Gobierno ha anunciado una reducción del gasto en 50.000 millones para recortar su déficit hasta el 3 por ciento para 2013. Esta proeza tiene dos fallas. Por un lado, se basa en unas previsiones de crecimiento demasiado optimistas. Por mucho que el Ejecutivo insista en que la recuperación está a la vuelta de la esquina, no hay visos de que se vuelva a crecer con fuerza.
Por otro lado, parte del recorte lo deben asumir unas comunidades autónomas que se han distinguido desde su creación por inflar sus presupuestos y no por reducirlos. Hoy, Gobierno y autonomías se reúnen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay una excelente oportunidad para frenar esta tendencia expansiva.
Cierto es que buena parte de las comunidades han tomado o prometen medidas para reducir su gasto. Pero todas son signos de austeridad, nada que ver con el tajo que se precisa para contener un déficit estructural que supera los 90.000 millones de euros. Pongamos esta cifra en contexto: la recaudación del Estado central por IRPF ronda los 60.000 millones; por Sociedades, los 20.000 millones; y por IVA, los 33.000 millones. Es decir, gastamos en partidas recurrentes casi lo mismo que ingresamos.
Estos datos sólo resultan sostenibles si se diese una bonanza, pero en absoluto se atisba un recuperación tan optimista. Las autonomías acumulan una buena parte de las duplicidades y gastos superfluos. El Gobierno hará bien en utilizar las transferencias no exigidas en la ley para presionarlas; aunque habiendo acordado un alza en el sueldo de los funcionarios, no parece dar ejemplo. Ninguna de las partes se muestra consciente del sacrificio que deben asumir.
